A través de una resolución con fecha del primero de diciembre, la comunicó a las instituciones educativas privadas de que los deberán presentar una serie de certificados en los que consten sus antecedentes policiales.Se trata de una "actualización de datos", según consta en el escrito que tiene como plazo máximo el primero de marzo del 2017, aunque desde Sadop indicaron que ya se pidió una extensión hasta agosto. "No entendemos la premura para la presentación de esta documentación. Los trabajadores tienen derecho a descansar durante el receso, no deberían estar haciendo trámites todo el verano", indicó Ester Linco Lorca, dirigente del gremio que nuclea a los docentes privados.La documentación a presentar contemple: certificado de buena conducta, certificado de aptitud legal, certificado de aptitud psicofísica y declaración jurada de cargos y horas.La resolución afecta a todo el personal vinculado a la actividad educativa y especifica que lo deberán acatar sacerdotes, religiosas, pastores y personas laicas.Desde el sector educativo, la noticia no fue tomada en buenos términos ya que surge luego del escándalo por abusos en el Instituto Próvolo y los docentes mostraron su malestar pero desde el gremio intentaron calmar los ánimos."Se trata de algo que es muy común en todos los establecimientos privados. En muchas se los piden cada año", señaló Linco Lorca.
La resolución emitida por la cartera puso como fecha límite para la entrega febrero pero desde Sadop pidieron una prórroga hasta agosto. "No entendemos la premura", indicaron desde el sindicato.
Tras el escándalo del Próvolo, la DGE pidió certificados de buena conducta a los docentes privados

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