Darle mayor celeridad y transparencia a la resolución de causas será, apenas, uno de los beneficios que tendrá el Valle de Uco desde 2017, mediante la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (CPP). El paso de un sistema inquisitorio a uno acusatorio se aprobaría este martes en Senadores y será, también, para los departamentos del Sur de .
Para la Segunda y Cuarta Circunscripción, donde debieron esperar casi 13 años con respecto al resto de Mendoza para que rija el nuevo código, que data de 1999 y que se implementó gradualmente desde el 2004 en el Este y el centro de Mendoza, habrá modificaciones sustanciales que traerán aparejada la creación de nuevos puestos de trabajo.
Una de ellas es la de los 15 ayudantes de fiscales que estarán en todas las comisarías del Valle de Uco. Es que el sistema acusatorio exige la presencia física de los fiscales (o ayudantes de fiscales) en la toma de la denuncia y durante la investigación.
Estos cargos deberán ser ocupados de forma excluyente por profesionales que no vivan a más de 30 kilómetros de su lugar de trabajo y que serán convocados a través de un llamado del Ministerio Público en marzo. Deberán acreditar ser abogados, contar con al menos un año de trayectoria y, luego, rendir para poder ocupar estos cargos, en los que estarán a prueba por un tiempo.
"En cualquier hecho de índole criminal las primeras 48 horas son determinantes, si no es muy difícil la resolución. Pasamos de un sistema inquisitorio a uno acusatorio. Con el código viejo hacías una denuncia en la comisaría, que tenía que dar aviso al juzgado, recién ahí el juez empezaba a investigar y el fiscal iba controlando las medidas. Ahora es al revés", explicó el diputado Emiliano Campos (UCR), miembro de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y titular del Jury de Enjuiciamiento, y uno de los que trabajaron para lograr el consenso de los legisladores con respecto al proyecto presentado por el gobernador Alfredo Cornejo.
A esta propuesta original se le hicieron cambios, para que fuera aprobada en la Cámara de Diputados el miércoles pasado y hoy prevén que se revea y se sancione sin cuestionamientos en la Cámara Alta.
Según la nueva ley, pasarán a ser tres los jueces del fuero penal: uno correccional y de faltas, donde se desempeñará Fernando Ugarte; otro penal de menores, que estará a cargo de Teresa Di Bari, y uno de garantías, donde actuará Oscar Balmes, actual juez de instrucción, cargo en el que recibió (sólo en 2015) 4 mil causas para investigar.
Ahora esta labor la tendrán los fiscales que serán 3 (se sumará uno) y lo que se busca es que estén en contacto directo con las comisarías, con las denuncias, con las causas y con las víctimas. Balmes tendrá como función realizar el control de legalidad del proceso de investigación que lleva adelante el fiscal y las medidas que va tomando, como por ejemplo el pedido de prisión preventiva.
Estos avances se acoplan a las reformas ya realizadas por el Gobierno provincial. Entre ellas, la reforma del Régimen de Prisión Preventiva (medida judicial contra lo comúnmente conocido como "puerta giratoria"); la creación del Ministerio Público Fiscal; la oralidad de todos los procesos penales; el nombramiento de ayudantes de fiscales y la obligatoriedad para los nuevos magistrados de tener residencia en un radio de 30 kilómetros de la sede de su Juzgado.
Su aplicación en el Valle de Uco, anunciaron, será gradual y no descartan aumentar la cantidad de fiscalías. El objetivo a largo plazo es que haya dos más con asiento en Tupungato y .
Todo el fuero penal trabaja hoy desde Tunuyán.
La oralidad evitará un "caminito" de oficinas
Otro de los cambios sustanciales de la aplicación del nuevo CPP, que rige en Mendoza por la ley 6.730 y que en la región no se aplicaba por falta de recursos, es que las audiencias serán orales.
"Sólo para mayor certeza algunos actos procesales quedarán escritos. Todo lo demás será oral y quedará grabado. Esto le dará celeridad y será más expeditivo. Además de que el juez y el fiscal tendrán un contacto más directo con el acusado", detalló Campos, para graficar las ventajas de que la prisión preventiva, el pedido de sobreseimiento, el cierre de instrucción y elevación a juicio vayan a ser actos que, por ejemplo y entre otros, se resuelvan en audiencias orales.
"El expediente ahora prácticamente no saldría del juzgado", agregó el diputado, haciendo alusión a que se evitará el típico "caminito" que deben recorrer hoy, entre una oficina y otra.
Según argumentaron los profesionales de la zona, en muchos casos que el fiscal obtenga el expediente demanda muchos meses (a veces hasta un año), con el riesgo de que las causas prescriban por pérdidas o demoras.