Mendoza Lunes, 6 de agosto de 2018

Pide licencia 1 de cada 4 empleados de la Justicia

Las estadísticas corresponden al 1º semestre del 2018. Hay 30% de licencias largas, de más de 15 días.

Durante los primeros 6 meses del 2018, 875 de los 3.500 trabajadores del Poder Judicial de Mendoza (jueces y empleados, sin contar a quienes integran el Ministerio Público, es decir, los fiscales) tomaron algún tipo de licencia por enfermedad. Dicho de otra manera, uno de cada cuatro empleados, faltó a trabajar por causas médicas.

Dentro de ese número se puede diferenciar dos grandes grupos.

Las licencias cortas, de menos de 15 días, que corresponden al 70% del total. Mientras las licencias largas, de 15 días o más, contabilizaron 271, es decir, 30% del total.

En cuanto a las licencias largas, 80% (213) fueron por causas clínicas y 20% (58), por psiquiátricas.

En números generales, las licencias psiquiátricas representan el 6% del total de los ausentismos por motivos de salud.

Ese 25% de licencias por enfermedad en la primera mitad del año preocupa a las autoridades del Poder Judicial. Al respecto, los jueces de la Suprema Corte firmaron un convenio con la OSEP para que sea el personal de la obra social más grande de Mendoza quien audite las faltas de los integrantes del Poder Judicial.

Del tema habló Jorge Nanclares con Diario UNO y explicó el motivo de la medida que tomó la cúpula de la Justicia al respecto.

Mayor control

Según el presidente de la Suprema Corte, las estadísticas de las licencias del primer semestre del 2018 son "razonables". Sin embargo, el 11 de julio el poder que representa tomó una decisión estructural. Lo que se hizo fue firmar un convenio con la OSEP para que esta auditara las licencias. Consultado acerca del motivo por el que se había tomado esta medida, el supremo respondió: "OSEP tiene la infraestructura para esto, ellos pueden realizar un control mucho más efectivo del personal y eso es, en definitiva, lo que nosotros queremos que suceda".

Cuando se realizó la firma del convenio, Nanclares dijo a la prensa "lo que pretendemos es eliminar esas licencias truchas que vienen por un parte médico complaciente. Que se firma con absoluta irresponsabilidad. Hay que saber que, cuando se certifica un hecho que no existe, se está incurriendo en un delito", la consigna remite, indefectiblemente, al caso Anabel Orozco. Si bien se trata de una fiscal, que no está bajo la órbita de la Corte, la intención es que no sucedan más situaciones de esta índole.

Sin embargo, Nanclares no quiso utilizar este ejemplo como testigo de otras situaciones similares. "Lo de Anabel Orozco fue una circunstancia especial, esto no significa que todos los empleados vayan a hacer lo mismo que la fiscal", manifestó. De todas maneras, Nanclares abrió el paraguas antes de verse salpicado por una circunstancia comparable y lo hizo trasladando la responsabilidad de visar las licencias a la mutual de los empleados públicos.

Licencias psiquiátricas

La idea de Nanclares es disminuir las faltas de los trabajadores, y así lo explicó cuando se realizó el convenio. Entonces, puso un ejemplo de la misma OSEP: en esta obra social pasaron de 400 licencias por causas psiquiátricas a 9. Ese mismo modelo es el que quiere que se replique en el Poder Judicial.

El punto es que, cuando se firmó el acuerdo, hubo una confusión en los datos. En esa circunstancia, Nanclares dijo que el 25% de los trabajadores de la Justicia había presentado licencia psiquiátrica. El número resultó más que alarmante. Pero una vez que se revisaron las estadísticas, el dato quedó aclarado.

Sin embargo, hubo una declaración de Nanclares al respecto de las licencias por dolencias psíquicas que no varió. Este dijo que, cuando se cambiaba a un empleado de funciones, asignándole otras tareas, este pedía, inmediatamente, licencia psiquiátrica. Por esta razón, sospechaba que se podría estar haciendo un uso abusivo de este permiso.

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