Desde el Gobierno de Mendoza al confirmaron que se extendió hasta el 15 de julio el plazo para presentar la documentación que exige la Nación para que Mendoza sea beneficiaria de un subsidio de más de $20 millones, destinados a la conservación de los bosques nativos. En abril se venció el primer plazo. Según el último estudio de 2010 Mendoza cuenta con 2.034.187 hectáreas de bosques.
Distintos montos de dinero son dispuestos cada año por el Ministerio de Ambiente de la Nación a todas las provincias desde que se sancionó en 2007 la Ley de Bosques N° 26.331, ya que según el artículo 32 de esta norma, el subsidio es distribuido anualmente entre las jurisdicciones que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su Ordenamiento de Bosques Nativos.
Mendoza sancionó en 2010 la Ley Provincial de Bosques N° 8.195 y elaboró un anexo con este mapa catastral de bosques que exige la Nación para garantizar el subsidio. La reglamentación establece que el Ordenamiento sea actualizado cada 5 años y por lo tanto el 2015 debería haber sido remplazado por un nuevo estudio. Sin embargo, la gestión anterior ni la actual pudo aún hacerlo.
El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, aseguró que la plata llegará igual, pese a que el mapa de bosques esté obsoleto a los fines de la ley. Dijo que mantiene conversaciones con la Nación para ir adecuándose. También indicó que este año habrán cambios importantes, es decir, la Dirección de Recursos Naturales ejecutará estratégicamente los subsidios como ya lo hace San Luis.
De este modo, los propietarios de los terrenos con bosques que antaño presentando una documentación estricta recibían el dinero por intermedio de la Provincia ya no gozarán de este poder. La decisión de la secretario de Ambiente está basada en ciertas irregularidades detectadas años anteriores y la falta de cumplimiento de las mejoras pactadas entre las partes.
Los motivos
"Notamos que desde el 2015 para atrás este dinero se ha manejado de forma muy irregular, por eso lo vamos a administrar nosotros", dijo el funcionario. Uno de los objetivos de la Unidad de Bosques Nativos es restaurar las especies que se fueron perdiendo estos últimos años por varios motivos, pero principalmente por la falta de obras para frenar los incendios.
Lo cierto es que los cambios que buscan imprimirse evitarían la presentación de cientos de expedientes al Ministerio de Ambiente de la Nación que implicaba la convocatoria de propietarios como se realizaba hasta ahora. En anteriores entregas del subsidio era necesario evaluar cada documentación, ingresar expedientes, dictámenes legales e inspecciones por cada postulante.
En cuanto al mapa, Mingorance no pudo dar precisiones de cuándo comenzarán a elaborarlo, pero indicó que trabajarán con las bases que dejo el estudio de 2010 e imágenes satelitales que son útiles para evaluar la masa forestal. "Primero tenemos que tener las imágenes y luego convocaremos a los investigadores del Conicet", dijo.
Cuando se venció el mapa de bosques en 2015 se pidió una prórroga hasta 2016. Para realizar esa actualización se reunieron el año pasado investigadores, autoridades de los municipios, productores y organizaciones civiles. Juan Álvarez y Pablo Vildlagra, investigadores del Ianigla, participaron en el primer estudio y fueron nuevamente convocados para su renovación.
Ambos contaron que brindaron sus conocimientos para la elaboración técnica del estudio de 2010 y que el mismo implicó unos seis meses de trabajo. Para el nuevo informe se definieron once criterios de análisis aunque desde la primero reunión en agosto del año pasado nunca más volvió a tratarse el tema y continúa dilatándose una gestión de importancia para el cuidado del ambiente.
Los propietarios
Si bien, Mingorance niega que este año el subsidio se perderá, propietarios consultados dicen que desde 2014 no perciben el beneficio. Además cuesta entender en base a lo que dicta la norma, que la Nación entregue el dinero sin un relevamiento del porcentaje de superficie de bosques nativos declarado y la relación entre la superficie total de Mendoza y la de sus bosques nativos como explicita el artículo 32 de la Ley 26.331.
El dinero que la Nación entrega a cada jurisdicción se divide el 70% para los propietarios de terrenos con bosques y el 30% restante es para fortalecer las instituciones del Estado destinadas a la protección de los bosques. El concepto que emerge de la ley es que el dinero que llega a los productores o propietarios debería ser una compensación por servicios ambientales.
Es decir, los dueños de los bosques serían estimulados a proteger este recurso y no usarlo para otra actividades comerciales como ser la venta de madera. Asimismo, se comprometen a realizar tareas de cierre, alambrados y obras de distinto tipo. Enrique Sánchez, dueño de 5.000 hectáreas en San Rafael dice que está en regla, realizó inversiones y no se le desembolsó el dinero de 2014, ni 2015.
Además dice que tampoco fue convocado a presentar las carpetas y evaluaciones en 2016. Desde Ambiente le explicaron que están en proceso de ordenar la información que dejó la gestión anterior y hasta tanto no se organicen no realizarían más entregas. En su caso se le adeudan según sus cálculos unos $90.000. Similar situación sufre Eduardo Dutta, dueño de 5.000 hectáreas en Alvear.
