Se tramita en la Suprema Corte de Justicia una demanda civil por $78 millones contra dos jueces de Familia, un ex empleado del OAL y el Estado provincial. El reclamo judicial tiene su origen en un hecho trágico: una mujer se quitó la vida y el padre asegura que ni los magistrados, ni el entonces agente del OAL de Godoy Cruz ni el Estado la ampararon por su condición de víctima de violencia de género.

Como responsable directo de esos hechos ha sido señalada la pareja de la mujer, que es padre de una hijita.

Los datos filiatorios se mantienen en reserva para preservar a las personas involucradas, en especial a la menor de edad.

"Claramente hubo violencia de género institucional que provocó daño moral", explican los representantes legales Carlos Lombardi y Carolina Jacky mientras analizan el expediente a cargo de los supremos Julio Gómez, a Teresa Day y Pedro Llorente.

"No se respetaron leyes vigentes ni convenciones internacionales", enfatizaron en representación de la familia de la mujer.

El padre de ésta accionó contra los usías Marcos Krochik (6 Juzgado de Familia) y Marisa Peralta (a cargo del 8 Juzgado de Familia) y los demás involucrados en nombre de la hija y la nieta.

"Falta de supervisión y control, y desidia de parte de los funcionarios demandados por no brindar una respuesta eficaz y oportuna a la víctima de violencia de género", atribuye el demandante a los jueces de Familia y al empleado del OAL que intervinieron en el caso de la hija.

También reprochó que durante el procedimiento no se actuó con perspectiva de género ni se aplicaron convenciones internacionales vigentes.

Antes que la Corte intervino una Cámara Civil de Apelaciones.

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