"En el Juzgado Federal 2 ya vamos a cumplir dos años sin juez titular. Lo mismo pasa con el Juzgado Federal 4". Alfredo Porras, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, describió estas carencias operativas en diálogo con Diario UNO, acaso con la expectativa de lograr soluciones a mediano plazo.
Sin embargo, este miércoles, la Justicia Federal reabre sus puertas, tras la feria judicial, con la misma y gravísima escasez porque el Senado nacional no tiene previsto tratar la designación de nuevos jueces para esta región del país.
La designación del sexto integrante de la Cámara de Apelaciones es otra materia pendiente del ala política del Congreso. Hasta ahora ha transcurrido un año y medio dedicado a la etapa de impugnaciones en el largo proceso para remplazar a Juan Antonio González Macías, quien renunció en 2018 y era él único sobreviviente de la cúpula de la Justicia Federal devastada por renuncias y destituciones.
Las consecuencias
El Juzgado Federal 2 está vacante desde que Olga Arrabal se convirtió en integrante de la Cámara de Apelaciones. A falta de juez titular, el tucumano Juan Carlos Nacul se ocupa de atender los casos más urgentes. Pero no es lo mismo un subrogante que el juez titular: máximo responsable de las decisiones que allí se tomen.
El caso del Juzgado Federal 4 es singular. Funcionará en España 900 de Ciudad y tendrá competencia en materia tributaria y previsional. Fue creado años atrás para descomprimir al Juzgado Federal 2. Hasta partida presupuestaria tiene asignada. Sin embargo, la carencia de juez lo inutiliza totalmente.
Daniela Morcos, jueza tributaria provincial, ha sido elegida por el Poder Ejecutivo Nacional para postular en el Senado nacional. Pero el proceso sigue anclado en esa instancia. Conclusión: la pretendida descompresión del Juzgado 2 queda en la nada.
Mirada
Admite el juez Porras que en época de elecciones mucho se paraliza en el país en materia judicial. Y especialmente la designación de nuevos jueces. Él mismo lo sufrió en carne propia porque su concurso para llegar a la Cámara de Apelaciones y el de sus colegas Pérez Curci, Arrabal, Pizarro y Castiñeira de Dios tardaron cinco años en efectivizarse.