La Justicia Federal procesó a Sergio Salgado, ex intendente peronista de Santa Rosa, por la desaparición de un subsidio de $580.000 que el Ministerio de Trabajo de la Nación había enviado al municipio para combatir el trabajo infantil.
El último rastro de ese dinero indica que el 28 de mayo del año 2015 fue extraído de la cuenta del Banco Nación asignada a la comuna. De la rendición de gastos no había siquiera un documento, factura o comprobante. Ni un papel, lo que impulsó a Norma Trigo a denunciar el faltante en la Justicia.
Tampoco está consignado quién ejecutó el retiro y dejó en la cuenta con CBU terminado en 92 un saldo de apenas $1.600.
A través del Juzgado de Garantías 2 la Justicia Provincial se declaró incompetente para investigar, porque el dinero en cuestión era de procedencia nacional. Así, la investigación recaló en el Juzgado Federal 1 a cargo de Walter Bento.
Los ex funcionarios Marcial Ibarra y Simón Cara también fueron procesados igual que Salgado. Todos están comprometidos por fraude a la administración pública y sustracción de caudales cuya administración les fue confiada debido a la función que cumplían.
Bento decidió que la acusación para todos los involucrados sea "sin prisión preventiva", por lo cual están en libertad y mantendrán esa condición hasta el momento del juicio oral y público.
El usía también dispuso la inhibición de todos los bienes del ex intendente de Santa Rosa, ya que cuando le trabó embargo por $50.000 respondió que no poseía bienes propios para afrontar esa situación.
Ibarra fue subsecretario de Desarrollo Económico de Santa Rosa y el Concejo rechazó su pedido de reincorporación al cuerpo deliberativo a pesar de que un fallo lo favorece.
Cara fue jefe del área Economía Social y de Producción de la comuna y dejó de trabajar a comienzos de 2016. Cuando fueron llamados a indagatoria por el juez Bento se negaron a declarar. A ellos también se les trabó embargo por $50.000.
Hace un año Salgado fue condenado a 5 años de prisión por corrupción.
¿Cómo sigue?
La pesquisa judicial está orientada a la búsqueda de un nuevo testigo: Alfredo Lescano, tesorero municipal en 2016, para que explique quiénes estaban autorizados a retirar dinero de la cuenta habilitada especialmente por el Nación para depositar los fondos del subsidio por el Programa Nacional Buena Cosecha a disposición de la comuna.
Motivos
El juez Bento ha determinado, al cierre de la investigación, que la comuna "no ha rendido cuentas" acerca del destino de los $580.000 para la época en que Salgado era intendente y Cara e Ibarra sus funcionarios.
Uno de los principales testimonios lo dio la representante del Programa Buena Cosecha en Mendoza, María Marta Goudailliez, quien dijo: "Todavía no rinden cuenta de ese subsidio. El mecanismo establece que no hay gastos parciales: el dinero debe ser gastado y rendido en su totalidad".