La jueza del caso Próvolo que fue recusada por la monja Kumiko Kosaka tiene un fuerte antecedente jurídico-político en su corta carrera: hace exactamente tres años, mientras se desempeñaba como jueza de Ejecución Penal, ordenó ejecutar reparaciones urgentes en dos sectores de la cárcel Almafuerte para poner fin a las condiciones denigrantes de detención de los internos.

De este modo, la magistrada respondió favorablemente a un habeas corpus presentado por la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional). También prohibió la utilización de "jaulones en el módulo V" y le recordó al Estado mendocino que ya había exigido mejoras edilicias que no fueron concretadas.

Mariana Mercedes Gardey, recusada este jueves por temor de parcialidad en beneficio de las víctimas de abuso sexual a alumnos hipoacúsicos del Instituto Próvolo y en perjuicio de la religiosa, tiene 39 años y fue asesora de la ex senadora provincial del PJ María José Ubaldini, quien trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica (2005 a 2008) y fue subsecretaria de Derechos Humanos de Celso Jaque.

Es jueza provincial desde 2015 y su sueldo supera los $150.000.

Accedió a ese cargo el 30 de junio de ese año como consecuencia de una ajustada votación en el Senado (20 a 17) con bolas blancas y negras. Otros quince nuevos jueces fueron aprobados por el Senado ese día.

Había llegado a esa instancia definitoria tras una audiencia pública donde su postulación, elevada por el entonces gobernador Francisco Paco Pérez, recibió impugnaciones del titular de la Inspección General de Seguridad (IGS), Marcelo Puertas, y de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial.

Gardey había sido conjueza de la cárcel. En la audiencia púbica del Senado, Puertas, ex director de Almafuerte  en la gestión de Julio Cobos, le cuestionó "fuertes vínculos con el sistema penitenciario, por lo que no podría ejercer el cargo (de jueza de la cárcel) con objetividad".

El senador Juan Carlos Jaliff le preguntó cuántas investigaciones al Servicio Penitenciario inició por irregularidades. Gardey habló de "muchas. Unas 60", numeró. Sin embargo, Puertas aseguró que no estaban en ninguna fiscalía. Y la futura jueza quedó mal parada en la consideración de los legisladores.

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Puertas conocía a Gardey y se apoyaba en un dato clave para fundamentar su sospecha: ella había ingresado provisoriamente al Estado provincial en 2009 como personal del Sistema Penitenciario, al igual que otras personas, través del decreto 2647 firmado por el entonces gobernador Celso Jaque.

La designación sería confirmada un año después (ese plazo lo fija la ley) según el decreto 3083 del Gobierno de Mendoza. Conclusiones de los informes de la IGS y de la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad avalaron esa decisión: Gardey no registraba sumarios administrativos pendientes.

El 17 de mayo de 2018, el Ministerio de Seguridad emitió la resolución 2446 que oficializó la baja de Mariana Mercedes Gardey del cargo de oficial adjutor del Sistema Penitenciario. Firmada por Gianni Venier, la misma fue publicada en el Boletín Oficial.

Nuevo destino

La reforma judicial derivó en que muchos jueces cumplieran nuevas funciones. A Gardey, como a tantos otros, le correspondió integrarse al Juzgado Penal Colegiado 2.

Tras el sorteo efectuado por el organismo que fija las audiencias penales, la magistrada fue designada para intervenir en el caso Próvolo: más precisamente para resolver si Kumiko Kosaka debe seguir con prisión preventiva como impulsan la fiscalía y la querella o en libertad como pide el abogado defensor Carlos Varela Álvarez.

La audiencia comenzó el lunes 1 de julio y pasó a cuarto intermedio hasta este jueves a las 17. Apenas se reinició se puso en conocimiento de las partes que el abogado de la monja había recusado a la jueza Gardey bajo el argumento de "temor de parcialidad".

El motivo

El letrado busca desplazar a Gardey porque omitió informar que Gonzalo Evangelista, uno de los abogados de las víctimas y familiares del caso Próvolo, había apoyado su designación en el Senado en 2015.

Esa omisión sucedió, según el escrito judicial presentado por Varela Álvarez, cuando éste le preguntó, en la previa de la recusación, si tenía o había tenido vínculos con la organización Xumek o con algunos de sus miembros. Y Gardey no respondió.

"El abogado Gonzalo Evangelista forma parte de Xumek, tiene una relación personal con usted y aparece en los poderes de los denunciantes expedidos por Natalia Ojeda y Jennifer Arce. Usted me negó esa información que ahora he obtenido por mis propios medios por eso la recuso por temor de parcialidad". "El abogado Gonzalo Evangelista forma parte de Xumek, tiene una relación personal con usted y aparece en los poderes de los denunciantes expedidos por Natalia Ojeda y Jennifer Arce. Usted me negó esa información que ahora he obtenido por mis propios medios por eso la recuso por temor de parcialidad".

De la recusación del abogado de Kosaka a la jueza Gardey

Al igual que Puertas en 2015, Varela Álvarez también conocía a Gardey con su pasado como jueza de la cárcel y sus fuertes observaciones al alojamiento de presos. Él ha representado los intereses de los internos en esa materia.

El vínculo entre la jueza y Evangelista, de Xumek, quedó plasmado en el expediente de la audiencia en el Senado y Varela Álvarez lo demostró accediendo al documento original.

Y el vínculo entre Evangelista y las víctimas del Próvolo está en el expediente penal que irá a juicio.



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