"Los perpetuos defensores de la puerta giratoria, están molestos porque les damos una justicia de verdad": En un tuit el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés "Peti" Lombardi, devela lo que está en juego detrás de la designación de Teresa Day en la Suprema Corte.

Los dardos del dirigente radical van dirigidos al peronismo, más que a los jueces que le responden en el máximo tribunal: Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez. Al mismo tiempo deja traslucir que el resto de los supremos -una mayoría de cuatro- responden a los designios del oficialismo en la visión sobre la dinámica de la Justicia y en su paradigma sobre el fuero penal.

Los avances contra el modelo "garantista zaffaroniano" se fueron consolidando desde la gestión de Alfredo Cornejo con el actual presidente de la Corte, Dalmiro Garay, como ministro de Gobierno, y luego como integrante del máximo tribunal. Las reformas sobre la gestión judicial tuvieron eco en la Legislatura y la impronta cornejista se hizo carne en el Ministerio Público liderado por Alejandro Gullé, y con la promoción de José Valerio a la Suprema Corte. El recientemente jubilado Jorge Nanclares fue un entusiasta de la modernización del Poder Judicial, pero cercano al ala peronista en sus decisiones, por lo que no se lo contaba entre los propios desde la mirada radical.

Con Teresa Day la balanza empezaría a inclinarse hacia el oficialismo, lo que explica la resistencia peronista y de organismos de Derechos Humanos que rechazan su origen como coordinadora del Ministerio Público, respondiendo al Jefe de los fiscales, Alejandro Gullé. Aunque es un cargo que, dicen en el entorno, viene cumpliendo con la misma diligencia de cuando acompañaba al exprocurador Rodolfo González, de extracción peronista, y quien le dio su aval para ser ministra suprema.

El juez Omar Palermo, con el fundamento de que el tema es de "interés y gravedad institucional" ha convocado a audiencia pública el jueves 30 para agitar el escándalo sobre el nombramiento de Day, bajo el pretexto de la interpretación del requisito constitucional para acceder al máximo tribunal.

Luego de ese trámite habrá una instancia plenaria del máximo tribunal para dirimir la controversia sobre una jueza que en los hechos viene ejerciendo sus funciones desde que fuera ratificada por el Senado y haber jurado, sin perder ni un segundo, ante el Gobernador. La movida de Palermo de convocar a Aída Kemelmajer para el fallo plenario, bajo el supuesto de que Day debería apartarse, también es rechazada por el oficialismo porque no responde a la subrrogancia natural.

Los ánimos están crispados en el ámbito judicial, pero no es otra cosa que el reflejo de las disputas políticas que se libran en los tres poderes del Estado. Desde la oposición acusan al Gobierno de no respetar la Constitución y de pretender la suma del poder público.

Para la Asociación de Magistrados el asunto tiene carácter de "grave situación institucional". Los jueces señalan que los hechos "si bien no alteran en forma directa el funcionamiento de los tribunales inferiores, afectan la imagen del Poder Judicial en su conjunto, como garante último de nuestra Constitución Provincial, y son susceptibles de socavar la confianza ciudadana…".

Quienes ocupan la cúspide del Poder Judicial, ministros de la Suprema Corte en su mayoría nombrados no sólo por requisitos constitucionales sino además por sus pergaminos en la militancia política, son los primeros que deberían dar el ejemplo.

Justicia y equidad

La batalla política al interior del Poder Judicial no se remite sólo al séptimo miembro en discordia de la Suprema Corte. El sueldo de los "equiparados", estatus que precisamente siempre ocupó Teresa Day, es otro asunto que fomenta la grieta entre oficialismo y oposición.

Desde la ley que alentó Rodolfo Suárez, inspirado en el caso de la secretaria de Nanclares que doblaba el sueldo de jueces de primera instancia, el tema no ha dejado de caldear los estrados judiciales. Por revestir "trascendencia institucional", Dalmiro Garay dispuso que se tratara en plenario de la Corte.

El tratamiento en cuestión deja otros sonoros reclamos, como el de los profesionales de la Salud que le ponen el cuerpo a la pandemia y cuyos salarios se ven disminuidos por los topes que se establecieron por ley. Los médicos están solicitando el mismo trato que los equiparados judiciales y que el pedido de inconstitucionalidad de la norma sea tratado en un fallo plenario.

El reparto de la torta

Aún así, y con un fallo favorable, los salarios de los profesionales de la Salud seguirán muy distantes de los que detentan los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, una injusticia más del sistema de reparto de los sueldos del Estado.

A la hora de las comparaciones, como reconocimiento del inconmensurable esfuerzo que están llevando a cabo los docentes con la educación no presencial, el gobierno nacional les pagará un bono de 4.840 pesos divididos en cuatro cuotas de 1.210 pesos.

"Necesitaríamos entre 50 y 100 años de pandemia para sumar un mes de sueldo de un juez con ese bono que nos han dado, y un político nunca va a cobrar como una maestra en este país", se quejaba una docente local.

Los momentos de crisis agudizan las desigualdades, más cuando alimentarse bien implica un privilegio frente a la mitad de la población que tiene carencias esenciales.

Quienes tienen los mayores ingresos del Estado solventados por los impuestos de todos, deberían garantizar un correcto y eficiente funcionamiento de la Justicia, al menos libre de toda sospecha.

Imperioso y necesario

A esta altura de los acontecimientos, y visto el nivel de confrontación de carácter institucional, la llave de la solución sólo puede venir de la mano de la política. Un desafío más para el gobierno de Suarez si pretende ejercer un estilo dialoguista, pero también para la oposición que está urgida de mostrar una opción superadora con liderazgos proactivos. Los problemas de Mendoza necesitan sensatez y acuerdos políticos en todos los órdenes como requisitos básicos para superar años de postración.