El beneficio de prisión domiciliaria que obtuvo Oscar Salas, el celador del instituto Leonardo Murialdo, acusado en la causa de abuso sexual a una niña de 4 años, ha provocado un serio rechazo de parte de los familiares de la menor.
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El abogado Gastón Andino afirmó que el celador logró el beneficio con "una fianza de $150.000 y esta querella no está de acuerdo con dicha morigeración" que implica que cumpla la prisión preventiva en el domicilio con un sistema de monitoreo electrónico.
"Entendemos que no posee las garantías de sujeción a proceso, pero el juez que intervino en la última audiencia así lo dispuso y respetamos la decisión. Creemos y confiamos en que el proceso va a seguir sin ningún tipo de problemas".
"Yo entiendo que la querella se estaría extralimitando pidiendo pretensiones de coerción hacia el imputado. Hasta el momento no tenemos conocimiento que el Ministerio Público haya apelado dicha resolución. No estamos conformes pero la respetamos y vamos a continuar con el proceso de esta forma", dijo el abogado de la menor.
Al referirse a la situación de la nena, explicó que "la prisión preventiva evaluada y llevada a domiciliaria, el juez la otorga no por la nueva prueba que se ha incorporado en la causa sino que considera que ya se han rendido gran cantidad de materia probatorio en la misma, se han tomado prácticamente de casi todas las testimoniales por el momento ofrecidas en la causa, entonces hace una evaluación del peligro probatorio, de que modo una persona puede llegar a perjudicar o a interferir en esa nueva prueba que queda por rendirsse".
"Yo entiendo, en una opinión profesional junto a Pablo David, que no solo hay que resguardar las pruebas del proceso, creo que también las del juicio. Creo que fue apresurada la decisión de la domiciliaria", dijo con firmeza.
"Se ha dejado correr por los medios, principalmente por la defensa, que el beneficio obtenido por el material probatorio nuevo incorporado en la causa, en el cual en la última sentencia ha quedado muy claro que han desacreditado todo el material probatorio incorporado en la causa", aclaró.
Y agregó: "Han dicho que no tiene la entidad probatoria suficiente para hacer variar el estado convictivo y necesario para dictar una medida de prisión preventiva, por eso en este momento el imputado está en prisión preventiva, el caso sujeto a proceso pero de cumplimiento en su domicilio y no en el Penal".
El integrante de la querella señaló que "no consideramos que haya habido una falla en la investigación ni en el proceso. Por ahí nosotros nos oponemos a la incorporación de algún material que creemos que no tiene vinculación directa con el hecho. Creemos que la investigación ha sido muy completa, principalmente la que se llevó a cabo inmediatamente conocida la denuncia".
"Estamos hablando que personal de Investigaciones en un primer momento no descartó ninguna hipótesis, ya sea del entorno de la menor, el entorno familiar, de la institución y como resultado de esa investigación, de esa evaluación, que han hecho los investigadores en un primer momento, se han ido descartando distintas hipótesis y la única hipótesis que ha quedado vigente que es concordante con el material probatorio incorporado a la causa es que el hecho sucedió, sucedió dentro de la institución, y fue llevado a cabo por el imputado", destacó Andino.
Y consideró: "El imputado está en todo su derecho de negar el hecho, es una postura defensiva, respetamos los derechos de defensa de la persona de sujeción al proceso. Pero repito que todo el material probatorio incorporado a la causa en un primer momento, todo el material probatorio relevante en el cual han tenido en cuenta los distintos jueces que han sostenido la prisión preventiva, la medida de coerción, son concordantes en que el hecho sucedió, dentro de la institución, y fue llevado a cabo por la persona imputada".
"Hay prueba muy contundente como son los informes profesionales pericias que se han llevado a cabo a la menor en donde dice que el relato de la menor no es contradictorio, está ajeno a influencia externa, y la menor indica la institución, el baño de la escuela, donde sucedieron los hechos y da las características de la descripción física de la persona imputada hoy en autos, una descripción bastante determinante, clara, en el cual no hay ninguna duda que fue la persona que ha llevado a cabo los hechos", expuso el profesional.
Finalmente afirmó que "la situación de la familia a la cual representamos con el doctor David, no sólo se ha tenido que enfrentar a esta situación de abuso sexual de la menor de cuatro años con todo lo que ello implica, la angustia, la situación, la denuncia judicial, los trámites administrativos, las pericias, las inspecciones corporales, no sólo desgastan bastante, sino que se ha tenido que enfrentar a una postura que ha tomado la institución en sintonía con la defensa".
Sostuvo que "esa conducta que por lo menos es reprochable por parte de esta querella estamos evaluando si hay algún tipo de responsablidad administrativa o judicial, pero entendemos que en torno a la posición de garantes en razón del cargo que ocupan de los menores que concurren a la institución, os obliga administrativamente a catuar según un protocola que está establecido en posibles casos de abuso, que no concuerda con la posición defensista que tomado la institución, entones la mamá d ela menor se ha tenido que enfrentar a distintos tipos de situaciones".