Además, Martinelli, quien había sido recusada, fue ratificada por la segunda instancia e incluso por la Suprema Corte de Justicia, que rechazó un recurso extraordinario.
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La jueza civil Fabiana Martinelli.
Ahora, la parte demandada argumenta que la Justicia provincial no debe resolver la cuestión de fondo -el precio indexado de las cuotas- por tratarse de planes de ahorro de alcance nacional y que los clientes no son únicamente mendocinos sino también de otras ciudades del país.
Sin embargo, el caso avanzó en la Justicia provincial por tratarse de un caso de consumo y porque los demandantes son consumidores de un producto y/o servicio.
Entre 7.000 y 10.000 mendocinos que contrataron planes de ahorro con diversas automotrices e inversoras de marcas de primer nivel, acudieron a la Justicia por los aumentos de las cuotas mensuales. Son impagables, se quejaron públicamente y en los tribunales.
Todos los demandantes viven en Mendoza y contrataron los planes de ahorro antes de septiembre de 2019.
Mientras, por decisión de Martinelli rige una medida cautelar en la que establece que se debe liquidar en forma mensual la suma correspondiente al pago que efectuó cada ahorrista en abril del 2018 o el primero de la suscripción del plan.
"En caso de ser posterior debe agregársele el porcentaje correspondiente al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) período 2018/2020 -el cual es para el período hasta la fecha de la presente, del 68,7%- actualizando las mismas mes a mes, conforme el coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC" "En caso de ser posterior debe agregársele el porcentaje correspondiente al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) período 2018/2020 -el cual es para el período hasta la fecha de la presente, del 68,7%- actualizando las mismas mes a mes, conforme el coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC"
Hasta hace unas semanas, la Justicia provincial consideraba que el pleito podía definirse durante el primer trimestre de 2022. Pero ahora, la pretensión de las automotrices e inversoras terminaría por dilatar esos plazos.
No se descarta que se produzca un conflicto de competencia que deba ser resuelto por las instancias superiores de la Justicia provincial.
