Un fallo indicó que el servicio penitenciario debió evitar daños en la integridad del preso asesinado en Almafuerte en 2022. Drogas en la cárcel y derechos de los internos
El crimen del preso en la cárcel de Almafuerte terminó en condena económica para el Estado mendocino.
El asesinato de un interno de la cárcel de Almafuerte derivó en una condena económica de la Justicia Civil a la Provincia de Mendoza, que deberá indemnizar a la familia con el pago de $80 millones.
El asesinato ocurrió el 15 de abril de 2022 y fue cometido por otro preso, que golpeó y ahorcó a un interno que cumplía una condena por robo agravado.
Víctima y victimario habían consumido drogas dentro del edificio carcelario antes de la tragedia por lo que la jueza civil Fabiana Martinelli consideró que el primero “murió bajo la órbita de custodia del servicio penitenciario, quien omitió las diligencias necesarias para evitar daños en su la integridad”.
La jueza Martinelli dijo en su sentencia: “El consumo de estupefacientes en encierro es una práctica habitual y si existía una adicción previa, fue una enfermedad que debió ser detectada al ingreso de detenido, transformándolo en un interno de cuidado y riesgo, circunstancias que debieron ser advertidas por el personal asistencial y de salud de la Penitenciaría”.
Dispuso una indemnización total de $80 millones en beneficio de la madre del interno ($50 millones) y de dos hermanos ($15 millones cada uno) ya que con ellos compartía la vida diaria antes de ser detenido.
La Provincia quedó en condiciones de apelar esta sentencia en el tribunal de alzada por lo cual no está obligada a realizar el pago fijado en este momento.
La magistrada tomó en cuenta lo establecido en pactos internacionales a los que adhiere Argentina más jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Todos esos argumentos establecen, de acuerdo a la sentencia judicial, "la obligación y responsabilidad de los servicios penitenciarios de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva, la adecuada custodia cimentada en el respeto a la vida, la salud y la integridad física y moral”.
Dijo, además, que “la seguridad, como deber del Estado, se advierte en dos direcciones: el resguardo de los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia y el de los propios detenidos, ya que el objetivo superior del sistema penal lo constituye la readaptación social de quienes han delinquido”.