El juez Sebastián Sarmiento indicó que casi la mitad de las condenas dictadas en este 2019 son menores a un año, por lo que la Justicia y sus recursos están abocados a este tipo de hechos en lugar de ocuparse de los hechos que generan una mayor inseguridad o investigar bandas organizadas que existen en Mendoza. Además, habló sobre reincidencia.

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“Si uno analiza la matriz delictiva en Mendoza, encontramos que la gran mayoría de los hechos son menores: hurtos, robos en grado de tentativa lesiones, resistencia a la autoridad”, explicó Sarmiento, y agregó, que, según el análisis de las sentencias de este 2019, el 48 por ciento son penas menores a un año.

Ante esta situación, el juez aseguró que el Estado no está preparado para dar otras alternativas a la cárcel. Si lo estuviera “harían que a los delitos menores se les dé un tratamiento diferenciado, y que todos los demás recursos del Ministerio Público Fiscal, la defensa y la propia Corte de Justicia se aboquen a los hechos más graves, a los que verdaderamente generan inseguridad”.

“Con una respuesta alternativa a esa persona que cometió por primera vez un delito, quizás sin necesariamente prisionizarlo, podemos eliminar o al menos frenar un círculo vicioso”, expresó.

Sarmiento dijo que, si la única opción ante una condena menor es que la persona vaya presa, esta “va a ser privada de la libertad, de cualquier alternativa laboral o educativa y social. Va a volver a recuperar su libertad y ya ahí se encuentra estigmatizado, sin la posibilidad de tener un certificado de buena conducta, sin la posibilidad que ningún empleador en Mendoza le dé chance de un trabajo y seguramente esa persona va a volver a reincidir”.

Según los datos que maneja el Juez Sarmiento, los delitos contra la propiedad tienen un nivel de reincidencia muy alto, que ronda entre el 70 y 80 por ciento.

“Si el Estado no da otra alternativa que solamente la cárcel, este nivel de reincidencia se va a seguir manteniendo, nos vamos distraer en casos menores, criminalizando al delito torpe, al delito de bagatela, en vez de investigar las grandes bandas que seguramente existen en Mendoza y que nadie las está investigando”, aseguró Sarmiento.

Para el magistrado, el encierro no es la solución “si el Gobierno quiere una sociedad con mayor nivel de pacificidad”.

Medidas alternativas

Las alternativas de las que habla Sarmiento para una persona condenada a menos de 3 años, pueden ser: “Desde la reparación del daño causado, la suspensión de juicio a prueba, condenas alternativas como la semi detención, cuando la persona va a la noche a la cárcel, pero en el día trabaja, estudia, cumple sus deberes familiares”.

“Si una persona le sustrajo un celular o una bicicleta a alguien y durante la investigación ofrece el pago, eso soluciona el conflicto que generó”, dijo Sarmiento, y siguió: “Hoy la ley lo contempla, pero son muy pocos los casos en que se practica. Igual que la suspensión de juicio a prueba ya que cada vez se encuentra más limitado por una cuestión de política criminal”.

De todas formas, “esa persona va a estar sujeta a reglas de conducta durante un determinado plazo, bajo el apercibimiento que si no las cumple el proceso se reinicia y puede caer en condena. Pero si las cumple puede lograr su sobreseimiento y de esta manera poder cortar y salirse de este sistema punitivo”.

Falta de controles

“Como el sistema no está pensado para esto, y solamente da respuesta de cárcel, no se han fortalecido los sistemas de control”, indicó el magistrado.

Sarmiento explicó que, si el dinero que cuesta cada persona detenida en Mendoza, se invirtiera en la contratación de personal para el control de las medidas alternativas, se convertiría en ahorro presupuestario y también en “ahorro de próximos hechos”, en prevención, en contención y que “el Estado no solo tenga intervención posdelictual, sino predelictual y acompañando en situaciones de vulnerabilidad”.

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