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Fiscal pide multitud de testigos en causa contra De Vido y José López

Se trata de la causa Skanska, el primer caso contra el kirchnerismo. Piden que se citan a casi 700 testigos por supuestos sobornos para ampliar un gasoducto

Skanska, el primer caso de corrupción del kirchnerismo y 15 años después de los hechos, el fiscal federal Abel Córdoba pidió que en juicio oral y público sean citados casi 700 testigos y se realice entrecruzamiento telefónico del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López y los empresarios acusados de haber pagado sobornos para la ampliación de gasoductos en nuestro país.

El fiscal reclamó, al ofrecer la prueba para el juicio que aún no tiene fecha, la citación de 666 testigos: De Vido y José López junto a otros treinta acusados como el ex gerente de Nación Fideicomisos Nelson Ulloa, y el ex gerente comercial de la empresa, Javier Azcárate, están acusados de cohecho y administración fraudulenta.

Los hechos son el presunto pago de sobornos ante la ampliación gasoductos en nuestro país, el norte y sur, y fue el primer caso de supuesta corrupción durante el kirchnerismo que incluyó como prueba una grabación done uno de los privados reconoció los hechos, lo que fue validado por la Corte Suprema de Justicia como documentación de la causa.

La denuncia se hizo en 2006 y la realizó el entonces diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez por supuestas irregularidades en el proyecto de ampliación de gas en 2005.

A lo largo de los años, muchos de los acusados fueron favorecidos por un cierre parcial de la causa de la mano de la Cámara Federal que sobreseyó al ex secretario de Energía Daniel Cámeron, y al ex interventor del Enargas Fulvio Madaro, entre otros.

En su pedido de prueba al Tribunal, el fiscal pidió que entre otros testigos se cite a los denunciantes, Adrián Pérez, Esteban Bullrich y Esteban Jerez, así como al ex ministro Roberto Lavagna, a Felisa Miceli, al sobreseído Fulvio Madaro, a Benito Roggio, a Cámeron y a Alberto Abad, ex titular de la AFIP.

Además como parte de la instrucción suplementaria que hicieron el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli, reclamó un entrecruzamiento telefónico entre los ex funcionarios y los empresarios.

Por ello pidió primero la nómina de abonados telefónicos que utilizaban en ese momento todos ellos, así como las oficinas y domicilios.

"La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento. A su vez, los sobornos que se pagaron, de acuerdo al egreso que se acreditó de la firma Skanska, rondarían los 14 millones de pesos", dijo Casanello al elevar el caso a juicio en 2019.

"Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional", concluyó.

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