Trabajó 9 años para Manaos viajando para venderle la gaseosa a comercios de Mendoza, San Juan y La Pampa. En el camino, la empresa decidió una reestructuración y lo echó. Le pagó $200.000 como una especie de indemnización “de común acuerdo” y lo recontrató. En 2022, el sanrafaelino se dio por despedido, no se quedó con los brazos cruzados e hijo juicio. Hoy, la Corte le dio la razón y condenó a Refres Now, la firma que elabora la bebida, a pagarle unos $900 millones.
La sentencia
Demandó a Manaos y cobrará casi $900 millones: la historia del trabajador y el fallo de la Corte
La Corte de Mendoza admitió parcialmente el recurso de Manaos y bajó los intereses, pero la cifra final de la indemnización por despido aún impacta
La histórica indemnización de Manaos quedó en casi $900 millones tras un fallo de la Corte.
La cifra impacta. Tanto a empleadores como a trabajadores. Y aunque es menos que los $1.500 millones iniciales que había calculado la Cámara Laboral de San Rafael no deja de tener el mote de “histórica” en los juzgados del trabajo de Mendoza.
Esos $807 millones y monedas están calculados a abril del año pasado. Así que, como si fuera poco, hay que sumarle los intereses que se contabilizan desde entonces hasta que el pago se efectivice. Resta esperar la reacción de Manaos, que todavía tiene una chance para llevar el caso a la Corte nacional y pelear allí lo que pueda. Una nueva rebaja de intereses, quizás.
Quién es el trabajador que le ganó un juicio a Manaos
J. D. G. son las iniciales del trabajador que luchó en la Justicia y ganó. Su nombre está en el expediente, pero desde San Rafael prefieren la reserva. Es que el hombre es conocido en su tierra natal: era un empleado jerárquico cuando estaba en Manaos y tiene una cadena de supermercados locales.
De hecho, esa posición fue tenida en cuenta por la propia Corte a la hora de analizar una rebaja en los intereses para bajarle un cero a la indemnización por despido.
Arrancó en Manaos en 2013 como viajante de comercio y llegó a ser uno de los distribuidores más grandes en el país. Al ingresar, cuando la empresa no era lo que es hoy, G. pactó una comisión a porcentaje. Claro… en ese momento no era mucho pero cuando Manaos pegó el salto, todo cambió.
G. era uno de los tres distribuidores más grandes de Manaos en el país y operaba en la zona Cuyo y La Pampa. Allá por 2013, cuando la empresa no era lo que es hoy, su comisión fue pactada por porcentaje. En plata, no representaba sumas grandes, pero cuando Manaos empezó a crecer, todo cambió.
Entonces, comenzaron las irregularidades que fueron probadas en el juicio: restricciones de beneficios, de cobros, de comisiones y falsas registraciones.
De a poco, le fueron sacando su zona. Manaos contrató a un nuevo distribuidor en Mendoza y G. quedó relegado. De hecho, en 2018 fue despedido y la firma le pagó una indemnización de $200.000; aunque siempre siguió vinculado a la empresa vendiendo gaseosas a viejos clientes.
Entre reclamos y enojos pasaron otros tres años hasta que G. tomó una decisión clave: darse por despedido e iniciar el juicio laboral.
La carta documento justifica el despido indirecto con diferencias salariales, deficiencias en la registración laboral y ius variandi, es decir, un cambio en las condiciones laborales.
La Justicia entendió que G. tenía razón. La relación de dependencia era tal cual él la contaba, había empezado mucho antes de lo que decía Manaos y se mantuvo hasta diciembre de 2022. La empresa debía pagarle una indemnización por despido como la gente, que no solo incluía multas por irregularidades sino también una cuantiosa cifra en concepto de intereses.
Cómo se llegó a una indemnización de $900 millones
La antigüedad fue fijada por la Segunda Cámara Laboral en 9 años, 2 meses y 26 días, con incidencia directa en el cálculo indemnizatorio. La Suprema Corte de Justicia confirmó el dato.
La empresa no lo tenía registrado y, cuando lo hizo, lo anotó como “personal de promoción”. El Tribunal confirmó que correspondía el régimen de Viajantes de Comercio, dado que sus tareas consistían en visitar clientes, hacer ventas y gestionar pedidos y cobros.
Su mejor remuneración normal y habitual del trabajador, aunque Manaos la desconocía, fue la de noviembre de 2022: eran casi $5 millones, cifra que resultó clave para el monto de la indemnización.
“El contrato-realidad nos autoriza a prescindir de la formalidad de los documentos para rescatar la certeza de los hechos (…) hubo un despido encubierto que nunca se perfeccionó, bajo el ropaje de un acuerdo absolutamente perjudicial para el trabajador”, dijo la Corte y golpeó el estrado con el martillo.
La cifra inicial de la condena a Manaos era de aproximadamente 1,5 millones de dólares.
La Cámara Laboral no solo le daba la razón –salvo en un punto relativo a la certificación de servicios- al accionante fijando una indemnización de más de $227 millones; sino que, además, calculaba intereses por más de $1.235 millones, sextuplicando el monto a pagar.
Los intereses –calculados con las tasas provinciales UVA y libre- elevaron muchísimo la cifra final y el caso terminó en todos los portales… justo en medio del debate por la Ley Bases, la industria del juicio y la necesidad de una reforma laboral.
(De hecho, hoy, por los cambios introducidos en los últimos años, las sanciones por la falta de registración laboral no tendrían vigencia).
Esa sentencia fue apelada ante la Corte. Lo primero que se hizo en esta instancia fue abrir una nueva y última chance de diálogo entre las partes, pero no prosperó y los jueces tuvieron que tomar la decisión.
La Corte de Mendoza recordó que el art. 771 del Código Civil y Comercial faculta a los jueces a morigerar intereses cuando resulten desproporcionados… y así fue en este caso. Sin cuestionar la condena de fondo –fraude laboral e indemnización por despido-, el máximo tribunal aceptó parcialmente el recurso, fijó una reducción de intereses y dejó el monto final en casi $900 millones.
Así, condenó a Manaos a pagarle al trabajador de Mendoza unos $223 millones de capital más otros $584 millones de intereses. Sin cuotas, todo de una. Eso, sin contar IVA ni los intereses que se acumulen hasta que se formalice el depósito.