Una semana se tomarán los jueces para definir la situación de su ex colega, Hugo Leandro Torino (62), quien está acusado de traer a una mujer desde Haití para explotarla laboralmente. La Defensa del magistrado, hoy jubilado, pidió que sea sobreseído asegurando que no había trata sino sencillamente una relación sentimental de por medio.
La historia tiene su punto de partida en mayo de 2015, cuando el juez de paz de Santa Rosa contactó mediante Facebook a la mujer de 27 años, quien vivía en Haití. En julio realizó un viaje donde se conocieron personalmente y luego le envió pasajes de ida y vuelta para que viajara hacia Argentina.
La joven llegó hasta Mendoza, comenzó a vivir en un departamento ubicado al lado de la propiedad de Torino y hasta tuvieron una hija. Hasta allí, todas las partes del expediente están de acuerdo.
A mediados de 2017, la centroamericana -se reserva su identidad- lo denunció por violencia de género pero la Justicia provincial envió el expediente al ámbito federal entendiendo que había un posible caso de trata de personas. Torino fue procesado por ese delito que establece de 4 a 8 años de cárcel.
Pero ahora sus abogados presentaron un escrito reclamando el sobreseimiento del magistrado. Los abogados Roberto Lavado y Pablo Ropero argumentaron que Torino se vio atraído por una mujer "agradable, bella, culta e inteligente".
Los letrados explicaron que la ayudó económicamente, le facilitó que acuda a un instituto para estudiar idiomas, le pagó una obra social y tenían una relación de pareja, ya que más allá de tener un hija asistían a eventos familiares juntos y hasta en sus conversación de Whatsapp se "denotan cariño".
Por su parte, los funcionarios del Ministerio Pupilar, que son los representantes legales de la bebé, indicaron que no hay indicios de trata de personas y que se debe solucionar el tema familiar en la Justicia de Familia -el hombre no ve a su hija hace 4 meses porque tiene una prohibición de acercamiento hacia la denunciante-.
Pero en contraparte, la fiscal federal Patricia Santoni le pidió a los jueces que se confirme el procesamiento asegurando que la víctima tenía "una situación de dependencia y deuda. Existía explotación bajo amenaza de perder contacto con su hija. La mujer no conocía la legislación nacional y no sabía como pedir ayuda".
En detalle, manifestó que el hombre le decía como debía vestirse, la obligaba a limpiar, la controlaba por celular, la insultaba y en una ocasión le arrojó un jarrón. Además explicó que la obligaba a vivir en un cuarto de servicio al fondo de la propiedad y que varios testigos declararon que no se mostraban como una pareja. "Había violencia psicológica, emocional y una desvalorización como mujer", concluyó.
Los abogados de la mujer, Cecilia Zavala y Pablo Sonego, adhirieron al pedido de la Fiscalía y agregaron otros detalles como que el hombre no la dejaba ver a su hija hasta que terminara de limpiar la casa y que había puesto cámaras de seguridad para controlarla.
Debido a la complejidad del caso, el Tribunal integrado por Juan Pérez Curci, Alfredo Porras y Manuel Pizarro se tomó un cuarto intermedio de cinco días hábiles para determinar cómo avanza el expediente.
