Reducción de indemnizaciones, condonación de deudas patronales, flexibilización. Rebaja del impuesto a las ganancias para las empresas, aumento de los tributos internos y un acotado gravamen a la renta financiera de personas residentes en el país. Cambio en la fórmula de actualización de jubilaciones y prestaciones sociales. Los proyectos de reforma laboral, impositiva y previsional son partes inescindibles del paquete de medidas de política económica anunciado por el presidente Mauricio Macri. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) analiza algunos rasgos significativos de la triple reforma, a partir de la información disponible, ya que en algunos casos hay anuncios concretos, en otros borradores de discusión y en otros trascendidos de funcionarios y voceros oficialistas.
El documento elaborado por Hernán Letcher y Julia Strada desmenuza el borrador de reforma laboral que el gobierno envió a los gremios nucleados en la CGT, un texto de 140 artículos que va más allá de algunas medidas propuestas para estimular la contratación de empleados, tal como se había dejado trascender antes de los comicios.
El Cepa pone el foco en los ejes centrales del anteproyecto: el blanqueo laboral y los incentivos que condonan deuda y perdonan incumplimientos a las empresas, la desresponsabilización de las grandes empresas respecto de incumplimientos laborales al personal tercerizado, el abaratamiento de las indemnizaciones, la creación del Fondo de Cese Laboral y la introducción de prácticas formativas por 12 meses y con una precarizante asignación estímulo". Como "plato fuerte", destacó la aplicación de una significativa reducción de contribuciones patronales a través de la aplicación de un mínimo no imponible.
El centro de estudios destacó algunas características del proyectado blanqueo laboral:
u A los empleadores que entren en el blanqueo laboral se les extinguirán sus multas, infracciones u otros incumplimientos en relación al registro en el empleo (muy similar al blanqueo de bienes, donde Afip introducía la posibilidad del "tapón fiscal").
u La empresa que blanquee con esta ley será dada de baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Respal). Este registro existe desde 2014 y las firmas que están en él no pueden presentarse licitaciones o hacer uso de programas de financiamiento,etc. Si el proyecto prospera, se perdonará a las empresas que ya estaban sancionadas.
u Se establece una condonación de la deuda por no pago de aportes y contribuciones al sistema en lo referido al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), Fondo de Empleo, Asignaciones Familiares, Renatre. Se condona el 100% si lo hacen en los primeros seis meses y se condona el 70% si blanquean en los segundos seis meses.
u Los trabajadores podrán computar hasta 60 meses de lo blanqueado en base a SMVM como aportes a su jubilación.
Letcher y Strada subrayan que el proyecto "resulta ampliamente beneficioso para quien incumplió con las normas de registración, emulando lo que puede ser una moratoria fiscal, pero con el agravante de tratar del mismo modo el incumplimiento de las cuestiones laborales con las cuestiones tributarias".
Y critican que la propuesta del gobierno no ahonde en las "razones de la informalidad". Mientras la propuesta oficial parte de las dificultades económicas de las empresas para cumplir con las normas laborales, El Cepa añade matices, como "la mejora de márgenes de ganancia".
"El 31% de los asalariados no registrados pertenece a unidades de negocios con algún trabajador formalizado, y dentro de este grupo el 65% son unidades de negocios de más de 5 trabajadores (en empresas de 6 a 40 trabajadores la informalidad alcanza el 45%, mientras que en empresas de más de 40, alcanza el 18%)", señalaron.
La existencia de "unidades productivas de mayor tamaño que sin embargo mantienen empleo en negro" discute la asimilación de la informalidad laboral a problemas de subsistencia empresario. Sumaron a ese análisis, "la existencia de actividades que nuclean bolsones de informalidad", como los peones rurales, el trabajo doméstico, la cadena textil y la construcción.
Los especialistas recordaron que la descentralización de la fiscalización estatal en los 90 limitó la capacidad pública para perseguir el trabajo en negro. También la extensión de un fenómeno asociado a la precarización tiene que ver con las cadenas de tercerización laboral, donde "se oculta una parte del proceso productivo y donde esos trabajadores, además de perder su relación de dependencia directa, no se encuentran registrados".
Respecto de la tercerización laboral, el proyecto presentado por el oficialismo propone modificar el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo, para desresponsabilizar a las grandes empresas del eventual incumplimiento laboral de sus contratistas. La ley actual sostiene que hay responsabilidad solidaria de la empresa principal.
Esto quiere decir que, si la contratista incumple frente a un accidente laboral, despido, incumplimiento salarial, etcétera, la empresa principal no se hace cargo del reclamo. "Esto es importante dado que muchas empresas que tercerizan trabajadores suelen no tener la solvencia suficiente, lo que otorga carta blanca para aprovechar esta situación", señalaron.
Uno de los capítulos centrales de la iniciativa es el de la reducción del costo de las indemnizaciones. A saber:
u Para el cálculo de las indemnizaciones se excluye el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual normal y habitual.
u Se pueden acordar a "fondos de cese laboral sectoriales" (emulando el caso del gremio de la construcción). Este fondo reemplaza la responsabilidad que hoy tiene el empleador en los artículos 232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (1976) sobre preaviso y despido sin causa. El empleador puede adherir de forma "voluntaria" pero una vez que lo hace será irrevocable. Con la adhesión del empleador, quedan incorporados al régimen todos los trabajadores que aquél tenga a cargo.
Los especialistas del Cepa sospechan que "el paso siguiente" de esta modificación sería permitir que esos recursos "puedan ser utilizado para realizar negocios financieros por parte de quien lo administre, emulando lo realizado por las AFJP con el dinero de los trabajadores".
El informe analiza las "prácticas formativas" incluidas en el nuevo proyecto, como "nuevas formas de precarización laboral". Estas prácticas serían para estudiantes y graduados con 18 años o más. En cada práctica se acuerdan los plazos, contenidos, y resto de ítems relevantes, tienen una duración máxima de 12 meses y 30 horas semanales. Cuentan con una "asignación estimulo", un ingreso no remunerativo según salario básico y según cantidad de horas.
"La propuesta se asemeja a las pasantías de la década de los noventa, donde casualmente se promovía una asignación estimulo no remunerativa; extiende de algún modo el contrato a prueba a un año pero además permite hacerlo sin aportes ni contribuciones", indica el informe.
El trabajo pone en foco crítico el plan para bajar las contribuciones patronales. La propuesta establece un mínimo no imponible por trabajador que se actualizará por IPC Indec y que arranca en $ 2.300 en 2018 y termina en $ 11.500 en 2022. Este es el eje central del recorte de contribuciones. Conjuntamente, se reducirían progresivamente las alícuotas de la actividad de servicios del 21% en 2018, medio punto por año hasta llegar al 19%, mientras que para el resto de actividades arranca en 17% y se incrementa medio punto por año hasta llegar al 19%. En 2022 se unifican en 19%.
Según el Cepa, las contribuciones representan aproximadamente 371.457 millones de pesos, y en 2018, aplicando el mínimo no imponible y una inflación estimada del 1% mensual, se reducirían a 274.452 millones de pesos. El sistema perdería así, unos 42.915 millones de pesos en su primer año de implementación.
"Resulta llamativo que, por un lado, el gobierno impulse la reducción de las jubilaciones en el orden de los 112 mil millones de pesos, a través de la modificación del índice de actualización, y a la vez promueva un recorte de las contribuciones patronales de 43 mil millones de pesos. Este escenario implica que no se reduzca el déficit fiscal, pero a la vez, que sean los jubilados quienes transfieran ingresos en favor de las empresas beneficiadas con la medida", indicó el estudio.
En términos de historia económica, el Cepa recuerda que "la reducción de cargas patronales tuvo su aplicación en Argentina y sus resultados no fueron los esperados".
"Las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33% en 1994, al 17,8% (promedio) en el 2000. Sin embargo, lejos de favorecer la contratación, uno de los picos de la tasa de desocupación tuvo lugar en 1994, con un 19,4% de desocupados y hacia el año 2001 la informalidad trepaba al 50% (en 2004 la EPH indicaba uno de los picos más altos: 53,8% de asalariados sin aporte jubilatorio)", señalaron.
Y recordaron: "En general, en todo el periodo entre 1991 y 2001, fueron negativos los principales indicadores sociales y laborales, con preocupantes resultados en la tasa de empleo (caída al 34,5% hacia el final de la década), tasa de desempleo (del 6 al 18%), tasa de subempleo (del 7,9 al 16,3%), población pobre (de 21,5 al 31,5%), población indigente (del 3,0 al 12,2%), y salario real (caída cercana a los 7 puntos porcentuales). Además, entre 1993 y 2001 el PBI de la economía creció sólo 1,4%, e incluso durante el período de especulación financiera y desindustrialización (1976 - 2001) el PBI creció a 1,3% anual acumulativo, es decir, niveles muy bajos".
Además, por la rebaja de las contribuciones patronales implementadas a partir de 1994 "el Estado dejó de recaudar 47.939 millones de pesos". Si se actualiza ese monto por la inflación (al año 2005), el total acumulado "no ingresado a la Seguridad Social rondaba los 80.000 millones de pesos".
Jubilados: el nudo del ajuste fiscal
En base a las escuetas declaraciones de funcionarios del gobierno e informaciones publicadas en medios afines al Ejecutivo nacional, el Cepa analizó el componente de la reforma previsional que la actual administración quiere hacer en el corto plazo: cambiar la fórmula de actualización de jubilaciones y planes sociales, ajustándolos por inflación.
La actual movilidad, establecia en la ley del año 2009, se calcula en forma bianual a través de una fórmula que se compone, entre otras variables, de la evolución de la recaudación. La combinación, señala el Cepa, introduce una suerte de "efecto atraso" en el índice de movilidad. Y lo explicó así: ante una caída de los ingresos tributarios frente a la inflación, los haberes de los jubilados se ven afectados en el mismo sentido. Inversamente, cuando la inflación se desacelera, la recaudación tiende a hacerlo de manera más lenta, por lo que se produce el efecto contrario en los haberes reales.
"La propuesta del gobierno implica hacer uso del efecto atraso en detrimento de los jubilados y en favor de las arcas estatales, modificando la actualización en el momento donde la recaudación empieza a recuperarse", señalaron Letcher y Strada en el estudio.
Los economistas consideraron que el ajuste por inflación, en este contexto, "es la clave del proyecto del gobierno para reducir el déficit fiscal". Y recordaron que "los lineamientos del proyecto oficial se ubican en línea con las conocidas propuestas del Fondo Monetario Internacional". La última recomendación del FMI, en 2016, fue "indexar los beneficios a la inflación".
"Lo que se cuestiona, en el fondo, es el sistema jubilatorio solidario: naturalmente si los gremios pugnan por aumentos en las paritarias, ese beneficio se traduce a los jubilados, dado que los actuales activos financian la jubilación de los actuales inactivos de tercera edad", señala el estudio. Y asegura que "ese sistema es lo que se busca quebrar".
La actualización por inflación, señalan, significa un "ahorro" fiscal "más que relevante". Para cuantificarlo, realizaron una estimación con índice de movilidad, aplicado para las Jubilaciones, AUH y asignaciones familiares. En 2018 las erogaciones alcanzarían 1,52 billón de pesos. En cambio, actualizada por IPC sería de aproximadamente 1,408 billón de pesos. Es decir, "se aplicaría un ajuste de 112 mil millones de pesos".
La obsesión por reducir el gasto previsional tiene que ver, explica el Cepa, con el peso de las jubilaciones en el gasto público. En el presupuesto 2018, el 69%, se dirige a servicios sociales. De ese 69%, el 75% corresponde al gasto en seguridad social".
□"Allí están las razones más claras de la modificación de la ley de movilidad: sin tocar la recaudación, no hay forma de reducir el déficit significativamente si no es bajando del gasto en Seguridad Social", señalaron Strada y Letcher.
Otro capítulo de la reforma del sistema impositivo
El Cepa analizó aspectos centrales del proyecto de reforma fiscal que presentó a grandes rasgos el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
En principio, el trabajo recordó que la reforma fiscal "no comienza ahora sino que ya tuvo sus dos primeros (y centrales) puntapiés", al inicio de la administración Macri. Fue con la quita de retenciones a mineras, agro y grandes industrias en diciembre 2015 y, luego, con la reducción progresiva de bienes personales votada junto con el blanqueo de capitales
"Es llamativo que en los análisis sobre reforma fiscal estos dos puntos que significaron perder recaudación (1 punto del PBI la quita de retenciones y hasta 20 mil millones de pesos en Bienes Personales), e incrementaron la regresividad del sistema tributario, estén ausentes", dijeron los investigadores del Cepa, Hernán Letcher y Julia Strada.
Al mismo tiempo, enfatizaron que la "reforma fiscal" presentada es apenas una gragea de cambios estructurales más significativos en materia de gastos y recaudación. Estos están en las otras dos reformas: la laboral y la previsional.
"Si bien las modificaciones fiscales analizadas tendrán impacto concreto, las principales ya fueron aplicadas", aclararon los economistas. En este contexto, los cambios anunciados esta semana "resultan mucho más cosméticas que el resto de las reformas" e incluyen la "licencia" de "gravar la renta financiera". Un desliz heterodoxo que, según el Cepa, será "insignificante en términos de recaudación pero significativo en términos simbólicos como es gravar la renta financiera".
El centro de estudio analizó puntos de la reforma:
u Reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias: la propuesta implica reducir tal alícuota del 35% al 25% para aquellas empresas que reinviertan utilidades.╠Entre otras consideraciones, el Cepa aclara aquí que esta última exigencia "no garantiza aumento de la inversión", ya que "la política del gobierno resulta permisiva en lo referido a remisión de utilidades a casa matriz y liberación de las ganancias".
u La renta financiera: el gobierno propone gravar las rentas financieras en dólares (15%) y en pesos (10%).
Aunque falta analizar la propuesta final, la intención aparentemente sería gravar las inversiones mayores a $ 1,4 millón en caso de bonos, depósitos a plazo fijo y Lebac, dejando exentas las acciones. En base al cálculo del unvierso imponible y los rendimientos del sistema, el Cepa estimó que "a recaudación con el impuesto del 10% será de sólo $50,4 millones., Una cifra "simbólica".
El centro de estudios recordó que el mismo gobierno que propone este gravamen, negoció en diciembre de 2016 la eliminación en el proyecto del impuesto a las ganancias salido de Diputados , de una propuesta para reinstauración de las retenciones a las mineras (para recaudar $ 5 mil millones) y poner un gravamen sobre la renta financiera en los dividendos que pagan las sociedades, en los plazos fijos superiores a $ 1.500.000, en los títulos públicos como las Lebac en pesos y en las ganancias de capital e interés para otros activos financieros que superasen los $ 300.000, además del impuesto extraordinario a las operaciones de dólar futuro del 15% sobre las utilidades por diferencia de precio y el impuesto del 0,75% de emergencia a los inmuebles definidos como improductivos. Además, "a través de la ley de blanqueo eliminó el gravamen del 10% a los dividendos establecido en 2013".
u Impuestos internos: suben a las gaseosas y las bebidas alcohólicas. Se reduce a celulares, televisores y monitores. En autos y motos, de gama media se eliminarían los impuestos internos (hoy del 10%), que se compensarían con aumentos en las aeronaves. Finalmente, se elimina el ITI.
"Los impuestos a reformar sólo alcanzaron en 2016 el 0,242% del total de lo recaudado por impuestos", indicó el Cepa.
