Una familia en Mendoza tuvo que asegurarse ingresos por $1.037.379,17 en julio para no caer bajo la línea de la pobreza. Es el costo de la Canasta Básica Total (CBT) que incluye alimentación, vivienda y servicios y mide habitualmente la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), junto a la Canasta Alimentaria que refleja la indigencia.
En enero, una familia mendocina necesitaba alrededor de $901.000 mensuales para no caer en la pobreza. Eso significa que en el transcurso del 2025 ese umbral subió algo más de 15%, en línea con la inflación acumulada.
Por otra parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), línea estadística que separa a la pobreza de la indigencia, marcó $426.905 el último mes para una familia tipo 2 (padre, madre y dos niños en edad escolar).
En los primeros 7 meses del 2025, su evolución fue incluso mayor. Al empezar el año, la CBA apenas superaba los $360.357.
Pero la curva venía de mostrar dos comportamientos distintos en junio. Es que mientras la línea que delimita la pobreza subió, el de la indigencia venía de bajar.
De la pobreza a la indigencia
Respecto de junio, la Canasta Alimentaria fue la que más se encareció. Para evitar la condición de indigencia, que evidencia la dificultad de procurar alimentos según los requisitos nutricionales básicos, en julio una familia tuvo que asegurarse unos $19.000 más que el mes anterior.
En cuanto a la CBT, es decir, todo lo que incluye el costo de vida (transporte, educación, vivienda y salud), la vara de la pobreza subió en unos $13.000.
Se trata, como lo refleja el mismo Índice de Precios al Consumidor (IPC), el tercer mayor salto intermensual en el año (luego de febrero y marzo). Y justamente de la mano de la inflación, sobre todo en los alimentos básicos.
Fuera de los grupos familiares constituidos, cada mendocino necesitó $138.156,96 para alimentarse y no ser indigente. Y para cubrir la Canasta Total y evitar la pobreza, $335.721,41 mensuales.
Salarios versus pobreza
Al contrastar la evolución de la inflación y los ingresos, algunos analistas observan una recuperación de salarios del sector privado y al mismo tiempo un ajuste en la administración pública.
Aunque sin dejar de notar el atraso de los ingresos frente a la inflación, incluso con una estimación basada en la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
"Aún considerando su rezago, el incremento del salario del sector privado no registrado anticipa una mejora en los indicadores de pobreza. El mayor ajuste de salarios se hace en la administración pública, que desde diciembre de 2023 acumula el 32%", señaló el economista Jontatan Orué, de la Fundación Libertad y Progreso.





