El gobierno nacional inicio el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina mediante un decreto donde detalla el proceso
Las centrales nucleares de Atucha I y II.
El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear en el país.
Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II. La medida combina la venta de acciones a inversores privados y un Programa de Propiedad Participada, aunque el Estado mantendrá la mayoría accionaria.
El Decreto 695/2025 argumenta la privatización detallando que la intervención estatal no ha garantizado eficiencia económica y que la incorporación de capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027).
El Ejecutivo además busca inversión para completar el proyecto de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II, reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la empresa.
En 2023, la compañía recibió transferencias de capital del Estado por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Pese a ello, el Gobierno insiste en que es necesario sumar socios privados para fortalecer la competitividad.
El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de ejecutar el proceso de privatización. La licitación será pública, con alcance nacional e internacional, bajo los lineamientos de la Ley 23.696.
El decreto también prevé la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada y el envío de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso, cumpliendo con los requisitos legales.
Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II, es propiedad del Ministerio de Economía (79%), CNEA (20%) y ENARSA (1%).
Hace dos meses el gobierno nacional privatizó 4 centrales hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en Neuquén y Río Negro tras meses de negociaciones con las provincias. Durante la gestión del anterior gobierno, se había prorrogado en siete oportunidades la operación de las represas-centrales hidroeléctricas.