El Senado aprobó este martes el proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público con el voto desempate de la vicegobernadora Hebe Casado, quien intervino tras el anunciado 19-19 que terminó arrojando la votación.
La vicegobernadora Hebe Casado, presidenta de la cámara alta, desempató para la aprobación de la reforma.
El proyecto llegaba con media sanción de la Cámara de Diputados y, como se esperaba, se dio en el marco de una jornada caliente y de mucho debate en la Legislatura, que terminó con el desempate de la presidenta de la cámara alta para que el intento del oficialismo se cristalice.
A pesar del rechazo de la oposición y de los sindicatos, la iniciativa se trató sin cambios, tal como había llegado desde la Cámara de Diputados.
"La reforma elimina disposiciones obsoletas y diferencia de derechos", reza el comunicado oficial del Senado. Se trata de la actualización del marco normativo que regula el empleo público en Mendoza, vigente desde 1973.
ATE y otros gremios protestaron en las afueras de la Legislatura y prometieron que acudirán a la Justicia tras la aprobación de la reforma.
Cambios: la estabilidad del empleado público
La reforma actualiza el ámbito de aplicación del Estatuto del Empleado Público, para que solo se aplique al personal administrativo de la Administración Central, del Legislativo, Fiscalía de Estado e Irrigación. Quedan excluidos del mismo aquellos que están sometidos a un régimen especial o son personal de gabinete.
Crea explícitamente la figura del “personal interino”. El artículo 4 bis de la reforma lo define como aquel designado en cargos de planta permanente sin cumplir los requisitos de concurso.
Esta creación busca llenar un vacío legal y dar un marco normativo a esta figura. Se establece que no gozan de estabilidad "propia" (el derecho a la reincorporación), pero sí de una "estabilidad impropia" (derecho a indemnización) y están sujetos a ser reemplazados por quien gane un concurso para su cargo.
El trabajador obtendrá la estabilidad propia del empleo público solo si ingresa o asciende mediante concurso. Cualquier otro tipo de designación, será interina.
Los cambios en el pago de los “salarios caídos” ante un despido
Según el estatuto vigente, si se revoca una cesantía, el agente tiene derecho al cobro de los salarios caídos y a optar entre la reincorporación o una indemnización específica calculada sobre el sueldo básico y la antigüedad.
Además, ordena al Estado a mantener la vacante libre mientras se resuelven los recursos.
El proyecto de reforma prohíbe expresamente el pago de salarios caídos si un agente (efectivo o interino) es reincorporado tras una baja anulada. Solo se pagará por servicios efectivamente prestados.
En cambio, establece la posibilidad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios, pero con un tope del 50% de la remuneración mensual y hasta un máximo de 24 meses de haberes.
Además, limita la posibilidad de impugnar sanciones leves (apercibimiento y suspensión de hasta 15 días), salvo que exista un claro abuso de poder o discriminación.
Cambios en las indemnizaciones del empleado público
Otra de las modificaciones centrales del proyecto es en cuanto al pago de indemnizaciones por despido. El estatuto vigente, en su artículo 25, las calcula usando una escala acumulativa progresiva: 100% por los primeros 10 años, 150% por los años entre 10 y 20, y 200% por los que excedan los 20 años. Mientras que el artículo 38 indica que se abonarán en 30 días con las partidas presupuestarias disponibles, pudiendo usar saldos de otros créditos si es necesario.
La reforma del empleo público, en cambio, elimina aquella escala progresiva: la indemnización pasa a ser del 100% de la remuneración por cada año de antigüedad, sin importar la cantidad de años.
Y, en caso de falta de fondos para su pago en 30 días, dispone que el expediente pasará a Fiscalía de Estado para que se pague según el procedimiento de la Ley de Administración Financiera.
Otros cambios en el Estatuto del Empleado Público
El proyecto de reforma deroga el artículo 90 sobre el derecho hereditario de un agente a un cargo vacante, sin necesidad de concurso; si bien se trata de una norma que ya estaba en desuso.
También introduce un párrafo final en el Artículo 53 de la Ley 5126 para aclarar qué se considera antigüedad del empleado público. Expresamente, la reforma excluye los servicios prestados al Estado bajo figuras contractuales autónomas, como locaciones de obras o servicios facturados, que no impliquen una relación de dependencia con aportes previsionales.
Por qué una reforma del Estatuto del Empleado Público
El principal argumento del Gobierno de Mendoza para avanzar con la reforma propuesta es de orden económico y de responsabilidad administrativa. Según sostienen, las restricciones presupuestarias y las exigencias de responsabilidad fiscal hacen necesario reformar y aclarar ciertas previsiones legales del estatuto vigente.
Básicamente, se busca modernizar una norma de 1973 para alinearla con la realidad financiera actual de Mendoza.
Por otra parte, el oficialismo unificar y aclarar ciertos criterios jurídicos. Dar, con esta reforma del Estatuto del Empleado Público, una solución legislativa a cuestiones que han generados fallos discordantes en la Suprema Corte de Justicia.
En tanto que, con cambios de técnica legislativa en el Estatuto del Empleado Público, se propone simplificar la redacción de artículos, eliminar referencias desactualizadas y derogar normas que se encuentran en desuso desde hace años.