El fiscal del segundo megajuicio por abusos sexuales en el Instituto Próvolo no acusó a cuatro imputadas y las dejó al borde de la liberación. En mayo había pedido la condena a 25 años de cárcel para la monja Kumiko Kosaka.
El fiscal del segundo megajuicio por abusos sexuales en el Instituto Próvolo no acusó a cuatro imputadas y las dejó al borde de la liberación. En mayo había pedido la condena a 25 años de cárcel para la monja Kumiko Kosaka.
Con la postura de no acusar a cuatro imputadas coincidió uno de los abogados que representan a las familias de las víctimas, lo que acrecienta las chances de absolución, aunque resta saber qué opina el otro letrado.
La etapa de alegatos avanza en el Polo Judicial y todavía resta conocer qué hará el fiscal Alejandro Iturbide con la situación procesal de otras cuatro imputadas y, a continuación, qué opinan los representantes legales de las víctimas.
El viernes terminarían los alegatos y a partir de entonces el tribunal quedará en condiciones de deliberar y dictar sentencia. Dato clave: las imputadas que no sean acusadas por el fiscal y los abogados no podrán ser condenadas.
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En las últimas horas, Iturbide le comunicó al tribunal que había decidido no acusar a Valeska Quintana, Cristina Leguiza, Laura Gaetán y Cecilia Raffo por falta de pruebas.
Con él coincide Oscar Barrera, uno de los abogados de la querella particular, y resta esperar el alegato de su colega Sergio Salinas.
A partir de este miércoles avanzan los alegatos para empezar a definir la situación de la monja Asunción Martínez, de Graciela Pascual -representante legal del Instituto Próvolo-, Gladys Pinacca y Noemí del Carmen Paz.
Especialísimo es el caso de Pascual, quien llegó a debate acusada de 39 hechos
El segundo megajuicio por abusos sexuales en el Instituto Próvolo comenzó hace dos años y medio en el Polo Judicial.
Todas las imputadas son mujeres, dos de ellas religiosas.
Kumiko arriesga 25 años de cárcel porque ha sido considerada autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargada de la guarda (de las víctimas) y por ser cometido (ese delito) contra menores de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente.
También se le atribuyó en 6 hechos ser partícipe por omisión, emergente de la violación al deber de garante, del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser guarda y ser cometido contra un menor de edad aprovechando la convivencia.
El fiscal Iturbide también pidió que sea inhabilitada durante 10 años para ejercer labores educativas en contexto de menores alojados en albergues.
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