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Quieren frenar las pensiones de privilegio de Cristina Kirchner

Las acciones están dirigidas hacia ANSES. Buscan apelar la decisión del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami

Lanzaron una campaña para pedirle a la ANSES que apele la decisión del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami, a través de la cual concedió a la vicepresidenta Cristina Kirchner dos pensiones de privilegio que se sumarán a la remuneración por su cargo, con retroactivos. Y sin pagar el impuesto a las Ganancias.

“Acción Conjunta Republicana convoca a jubilados como particulares damnificados y ciudadanos en general a enviar cartas a los funcionarios responsables de los organismos mencionados exigiéndoles que apelen la sentencia del juez Pérez Nami antes del 4 de febrero, fecha en que vence el plazo para hacerlo”, sostuvo la agrupación que llevó adelante el reclamo.

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Y agregaron: “Como jubilada titular y contribuyente de impuestos lo intimo a que cumpla con obligación y haga lo necesario para que se APELE Y FUNDE la sentencia recaída en autos: FERNANDEZ CRISTINA ELISABET C/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. Le notifico que el plazo para apelar vence el 4 de febrero de 2021″, expresaron.

“INTIMO FUNDE debida y oportunamente el recurso. De no hacerlos incurrirá en el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, lo que ameritaría la pertinente denuncia, ya que esta posible inacción me perjudica personalmente y atenta contra el erario público, consagra la inequidad frente a los demás jubilados, pensionados, y contribuyentes, viola normas constitucionales, previsionales e impositivas”.

Por último añadieron: “Los funcionarios legitimados procesalmente para apelar están obligados a hacerlo: Fernanda Raverta como titular de la ANSES; Daniel Arroyo como titular del Ministerio de Desarrollo Social y Carlos Zannini, procurador del Tesoro, en defensa del interés del Estado”. Y concluyeron: “No apelar hará a estos funcionarios públicos responsables de beneficiar indebidamente por omisión a otro funcionario y malversación de caudales públicos, haciéndolos pasibles de acciones civiles y penales”.

Fuente: Mitre