Un proyecto legislativo busca que las denuncias por violencia de género no puedan archivarse. En otras palabras, que desde una amenaza verbal hasta un hecho de violencia física sean investigados con la misma intensidad. Si el proyecto se convierte en ley, ninguna de estas situaciones podrá tomarse como un hecho menor, sino que deberán investigarse hasta el final de las pruebas.
Cámara de Diputados de Mendoza
Propusieron cambios en la ley para que las denuncias por violencia de género no puedan archivarse
María José Sanz (UCR), autora de la iniciativa, también planteó mejorar todo el proceso de la toma de la denuncia y lograr que el Estado colabore con las víctimas a través de personal especializado
Si el proyecto se convierte en ley, desde la denuncia más leve hasta la más grave relacionadas con violencia de género se deberán investigar hasta la última prueba.
La diputada radical María José Sanz -autora del proyecto- y la abogada especialista en género Ainhoa Maiztegui explicaron a Diario UNO que para concretar la iniciativa debe modificarse el Código Procesal Penal de la Provincia.
En el proyecto, además, se han introducido otros cambios para facilitar y mejorar la toma de la denuncia.
Investigar hasta el final las denuncias por violencia de género
El proyecto de Sanz -quien también fue una de las principales impulsoras de la Ley Provincial de Paridad de Género en la Legislatura- se propone puntualmente modificar tres artículos del Código Procesal Penal (CPP).
La primera de las modificaciones a las que apunta el proyecto es en el artículo 26, inciso 1 del CPP y tiene que ver con que no se aplique en estos casos el principio de oportunidad.
Esto significa que las causas por violencia de género no se puedan archivar y deban investigarse hasta la última prueba.
La abogada explicó que esto en Mendoza esto ya sucede, porque actualmente está regulado por una resolución de la Procuración, pero es más conveniente que quede determinado a través de una ley.
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Maiztegui destacó que el cambio es fundamental para evitar que un caso de violencia de género o intrafamiliar pueda terminar, por ejemplo, en un intento de femicidio, o en un femicidio concretado.
"Existen las denominadas "red flags", o banderas rojas, que son indicadores de que las situaciones de agresividad van in crescendo", remarcó.
En esta categoría se pueden mencionar las amenazas verbales, la manipulación de las víctimas, la violencia sexual, económica o simbólica. Si estos hechos no se tienen en cuenta, la violencia puede terminar en tragedia.
La especialista destacó que existe el llamado "círculo de la violencia", en el que se dan etapas de "luna de miel", una especie de periodo de conquista en el que la víctima cae en la manipulación del victimario. Estos son los momentos en los que más hay que poner mayor atención.
Cuáles son los otros puntos a modificar en el Código Procesal Penal
El segundo punto importante, según destacaron tanto la abogada como la autora del proyecto, es la incorporación de dos incisos al artículo 108 del CPP, que se refiere a los derechos de las víctimas.
El primero tiene que ver con que el fiscal o el ayudante fiscal -es decir, las personas que van a investigar el caso- tengan la obligación de entrevistar directamente a la persona que denuncia violencia de género y no solo limitarse a leer el expediente.
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Además, se agrega otro inciso en este artículo: que desde el Estado se deba ofrecer a la víctima el patrocinio legal de una persona especializada en violencia de género o violencia intrafamiliar.
El tercer cambio es la adición del artículo 59 bis, acerca de la acumulación de causas por violencia de género.
Este indica que cuando se coloque una denuncia por esta problemática se deba investigar si el denunciado tiene más causas por violencia de género en otras jurisdicciones.
Si se detecta esta situación, lo que indica el artículo que se suma es que las causas se tienen que acumular y tratarse en la misma unidad fiscal.
Mejorar la toma de la denuncia por violencia de género
Ajustar el CPP en estos aspectos, explicó la abogada Ainhoa Maiztegui, tiene que ver con mejorar el proceso legal de la denuncia.
De esta manera, se logra poner a la problemática sobre violencia de género en el un lugar importante de la agenda pública, primero para facilitar el proceso y evitar la revictimización de las personas denunciantes, y además porque existe un compromiso internacional acerca de combatir esta dolencia social.
Al respecto, Sanz aseguró que “más allá de todos los esfuerzos que se han hecho y se hacen a nivel estatal para combatir la violencia de género, las respuestas no han sido las adecuadas, y por esto, no hay que limitar esfuerzos”.