Luis Romero, procurador de las Personas Privadas de la Libertad de Mendoza dijo que es fundamental que desde las empresas los empleadores se comprometan a generar espacios de trabajo para las personas que recuperan la libertad.
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Para saber si los presos logran ser resocializados en necesario saber cuántos presos consiguieron trabajo tras conseguir la libertad. El Estado no tiene una respuesta ni estadísticas, así lo resaltó un informe en radio Nihuil. "El seguimiento es muy difícil, ya que una persona cuando cumplió su condena por lo general no quiere saber nada con la instituciones del Estado, entonces no se puede hacer un seguimiento”, aseguró Romero.
El antecedente penal funciona como alarma de rechazo para la mayoría de los empleadores. Con su testimonio un joven contó cómo es separado, descalificado cada vez que se presenta a un trabajo con su certificado de buena conducta “manchado” con una causa.
En parte esto es uno de los motivos del nivel de reincidencia en Argentina y en Mendoza, donde es alto, de más del 50%.
“Necesitamos que ese sector empresario se comprometa a generar espacios para que estas personas sepan lo que es tener un trabajo asalariado, que tengan que cumplir un horario, que reciban un bono de sueldo; que puedan ingresar al sistema, para eso no sólo se necesita del Estado, ya que este no le puede garantizar un trabajo a todas las personas que recuperan la libertad, para eso hace falta el sector empresario”, explicó Romero.
En el informe de Nihuil, un empresario dueño de una constructora detalló una experiencia donde logró romper con los estereotipos y prejuicios a la hora de darle una oportunidad a un hombre que había recuperado la libertad, y que sirvió para abrir la puerta a otros.
La resocialización es el objetivo principal de las cárceles. En Mendoza en el año 2014 trabajaba (intramuros) o estudiaba el 21% de la población penal. A fines del 2019 ese porcentaje se duplicó. La idea es que esa capacitación y actitud de traduzca a la hora de reinserción por parte de la sociedad.