Prestadores y familiares reclamaron en Mendoza que se implemente la ley de emergencia en discapacidad
Profesionales de centros terapéuticos aseguran que están asediados por las deudas y que los docentes no cobran hace meses. Temen cierres de estos espacios
Distintas imágenes de la protesta de profesores y familiares por la falta de aplicación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad
Docentes, directivos y profesionales de centros que trabajan con personas con discapacidad se manifestaron frente a Incluir Salud para reclamar el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad y denunciar atrasos en los pagos de las prestaciones.
Canal 7 dialogó con quienes concurrieron a la protesta , quienes aseguraron que tienen deudas acumuladas, aranceles muy por debajo de la inflación y demoras de dos meses en los pagos a docentes. La situación, advierten, ya provocó el cierre de algunos servicios y pone en riesgo la continuidad de terapias y talleres para cientos de personas con discapacidad.
Reclamos por pagos atrasados y aranceles desactualizados
La movilización reunió a docentes, profesionales y directivos de centros de día, espacios terapéuticos y de rehabilitación que asisten a personas con discapacidad. El reclamo central fue el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad y la actualización de los aranceles que reciben por las prestaciones.
Trabajo discapacidad
Cada uno de estos centros que cierra significa para las personas con discapacidad un espacio menos en donde recibir atención y estimulación.
Paola Pedrosa, presidenta del centro Thadi , explicó que el sector enfrenta una situación económica crítica. “Lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad y la actualización de los aranceles de las prestaciones que brindamos. Hay un corte en la cadena de pagos. El mes pasado ya no hemos cobrado PAMI ni de Incluir Salud, además de las demoras frecuentes de 90 a 120 días que ya venían teniendo con nosotros”, señaló.
Según detalló, el valor de las prestaciones está muy por debajo de lo que debería ser. “Las prestaciones están desfasadas abajo del 50% del valor que debería estar fijado. La ley establece una actualización automática por IPC y una compensación de emergencia por los períodos en los que no recibimos aumentos o fueron menores a lo que correspondía. Hoy estamos cobrando la mitad del arancel que deberíamos cobrar”, afirmó.
Riesgo de cierre de servicios para personas con discapacidad
Desde el sector advirtieron que la crisis ya tuvo consecuencias concretas. Algunos centros de día dejaron de funcionar teniendo que cerrar delegaciones o directamente suspendiendo el servicio completo.
Los transportes para personas con discapacidad también se han visto afectados y algunos ya cortaron los servicios, lo que implica que en varios casos dejaron de realizar los recorridos, lo que impide que muchos usuarios puedan asistir a las terapias, talleres y actividades de rehabilitación.
Para las familias, la situación genera preocupación. Mavi Musso, familiar de una persona con discapacidad, expresó su angustia por el posible retroceso en materia de inclusión.
Sentimos una angustia muy grande porque vemos que estamos retrocediendo en el tiempo, cuando a las personas con discapacidad se las encerraba y no se las dejaba ser parte de la sociedad Sentimos una angustia muy grande porque vemos que estamos retrocediendo en el tiempo, cuando a las personas con discapacidad se las encerraba y no se las dejaba ser parte de la sociedad
La directora del centro Naranjito, Victoria Kretsthmar, explicó que la situación también impacta directamente en los trabajadores.
“Los profesionales llevan dos meses sin cobrar y aun así siguen yendo a trabajar. Si nuestro personal no va, nosotros no podemos atender”, señaló.
Según detalló, el centro atiende a unas 300 personas con discapacidad y emplea a cerca de 100 trabajadores. “Si esto sigue así, son 300 familias que vamos a dejar sin atención y 100 empleados que van a quedar sin trabajo”, advirtió.
Qué establece la ley de emergencia en discapacidad
La Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en 2025 y declara la emergencia del sector hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Entre otras medidas, prevé la actualización de los aranceles del sistema de prestaciones y mecanismos de financiamiento para garantizar terapias, rehabilitación y atención integral.
Marcha discapacidad
La directora de Thadi, Paola Pedrosa en medio del reclamo frente a Incluir Salud.
Sin embargo, la aplicación de la norma quedó en suspenso tras un decreto del Poder Ejecutivo que argumentó falta de financiamiento. La medida generó reclamos de prestadores y organizaciones del sector, hasta que un fallo judicial ordenó su implementación.
En ese contexto, centros y profesionales continúan reclamando que la ley de emergencia en discapacidad se cumpla de manera efectiva y que se normalicen los pagos para sostener los servicios que brindan.
