Lo que debía ser un trámite administrativo rutinario se transformó en una pesadilla legal de años. Un ciudadano cumplió con su parte, pagó la infracción, pero al llegar al depósito policial, su moto ya no estaba.
Pagó la multa para recuperar su moto, pero la policía la perdió: el insólito fallo que condenó al Estado
Como consecuencia de lo sucedido, el fallo señala que el Estado deberá pagar por daños materiales, morales y judiciales. ¿Qué pasó con la moto?
La policía procedió al secuestro de una motocicleta Honda NF100 Wave, pero luego la perdió.
Si bien sucedió en 2018, fue ahora cuando la Justicia acaba de dictar un fallo ejemplar que pone la lupa sobre la responsabilidad del Estado en la custodia de bienes secuestrados.
Los detalles de un caso insólito
Todo comenzó en abril de 2018 en la ciudad de Mar del Plata. Durante un control de tránsito, la policía procedió al secuestro de una motocicleta Honda NF100 Wave.
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El vehículo fue trasladado al destacamento vial correspondiente, quedando bajo la guarda y custodia absoluta de las fuerzas de seguridad.
El propietario, tras realizar el descargo pertinente y abonar la multa impuesta por la infracción, obtuvo en mayo de 2019 la orden de restitución.
Sin embargo, al presentarse con los papeles en mano para retirar su moto, se encontró con una respuesta increíble: la misma había desaparecido.
Ante la falta de respuestas en el depósito, se inició una causa penal por "averiguación de ilícito" que no logró determinar el paradero del rodado. Ante esta situación, el damnificado decidió demandar a la Provincia de Buenos Aires, argumentando que el Estado falló en su deber básico de custodia.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó recientemente la condena, subrayando un concepto clave en el derecho: la falta de servicio. Según el fallo, cuando la policía incauta un bien, el Estado asume la obligación de devolverlo en las mismas condiciones.
Un fallo que sienta precedente
Este caso sienta un precedente vital para cualquier propietario que sufra el secuestro de un vehículo en la vía pública. En concreto, el mismo incluye:
- Daño Material: el pago del valor actualizado de la moto al momento de la liquidación final.
- Daño Moral: un adicional del 20% del valor del rodado en concepto de resarcimiento por la angustia, la impotencia y los trastornos ocasionados al ciudadano.
- Costas judiciales: el Estado deberá hacerse cargo de todos los gastos derivados del proceso legal que duró más de cuatro años.