Esta semana, la Cámara de Senadores de Mendoza avanzó en la media sanción de la iniciativa que busca cobrarle la atención médica a los conductores borrachos o drogados que provoquen accidentes de tránsito. Ahora Diputados tratará la aprobación definitiva.
Atención médica
Los hospitales públicos gastan en promedio $15 millones por cada conductor borracho
Una iniciativa con media sanción en la Legislatura apunta a que las aseguradoras respondan en el caso de que el infractor no tenga obra social
El Estado afronta sumas millonarias para atender a conductores que cometen accidentes bajo los efectos del alcohol.
La asistencia médica en los hospitales públicos implica un gasto, en promedio 15 millones de pesos, aunque puede ser variable, de acuerdo a lo que suceda el accidente. El dato trascendió durante el tratamiento del paquete de leyes de la reforma de salud.
El Gobierno de Mendoza busca generar conciencia con una doble sanción: por un lado la multa por la infracción de tránsito y por otro, la liquidación del traslado en ambulancia, internación, los estudios médicos y hasta la cirugía, de haber una mayor complejidad.
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Una aproximación a la erogación para la asistencia de pacientes en accidente de tránsito son los valores de los sanatorios privados: un día de internación en la Unidad de Terapia Intensiva ronda en los $200 mil. Si requiere una neurocirugía la internación puede rondar los $8 millones.Todo depende del grado de complejidad del accidente.
Hay que destacar que si el accidentado tiene lesiones leves, puede recibir algunas curaciones en la guardia y ser dado de alta médica, representando una erogación menor para el erario público.
A los cálculos planteados hay que agregarle el traslado de la ambulancia que a valores del 2023 ronda en los $13.000 con el personal médico en la unidad.
Mientras que el día de internación en una habitación común, asciende en los $70.000.
"Son costos altísimos, aunque la intención no es recaudatoria, sino que busca generar conciencia", analizó la diputada y ex ministra de Salud, Elisabeth Crescitelli, con una reconocida trayectoria en la gerencia de varios hospitales de la Provincia.
Para tal fin, el Ministerio de Salud y Deportes avanzó en la sanción de otra norma, que habilita la creación de un organismo que unificará el sistema de cobro a los pacientes que con obra social y cobertura prepaga se atiendan en el sistema público, denominado Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal).
En el caso de que el infractor no cuente con cobertura médica, el proyecto apunta a que el seguro afronte la atención del Estado.
La misión del Reforsal será fundamental para unificar los nomencladores de cada práctica médica que prestan los hospitales públicos, ya que actualmente cada uno se rige por uno propio y es muy dispar la referencia de valores que maneja cada uno.
Hoy los costos están desactualizados, por lo que el Ejecutivo trabaja a contrarreloj para que haya una referencia acorde y acercarse más a los valores del privado. En los próximos días se conocerá la reglamentación, según confirmaron fuentes de la cartera de Rodolfo Montero.
UNO consultó al Ministerio de Salud y Deportes del detalle de los costos de cada uno de los servicios y señalaron que hasta que no esté el nuevo nomenclador no dejarían trascender ninguno de ellos.
El alcohol al volante mata
En materia de accidentes de tránsito, 1 de cada 4 muertes está vinculada a la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Además, un número considerable de víctimas resultan con lesiones graves, lo que incrementa significativamente los costos para el sistema de salud público.
"Es muy importante que el sistema de salud avance con el Reforsal, pero además en una mayor concientización de las consecuencias graves que tienen los accidentes de tránsito. Esto es lo que viene a plantear dos de las reformas del sistema de Salud", explicó Crescitelli sobre la medida sanción que ahora ingresa a diputados.
En base a su experiencia como ministra recordó la oportunidad en la que el Gobierno de Mendoza le cobró los gastos médicos a la empresa de colectivos, cuyo chofer provocó lo que se conoció como la tragedia de Tur Bus.
“En el accidente de Tur Bus, el sistema público de salud brindó toda la atención necesaria. La red de complejidad creciente funcionó eficientemente. Luego, a través de las gestiones de los hospitales intervinientes se logró cobrar a la empresa aseguradora por los servicios, marcando un hito en la gestión", destacó.
Por su parte, el senador Walter Marcolini también recalcó la trascendencia de que se hagan los controles de consumo de estupefacientes en conductores que provocan accidentes de tránsito, como parte de un protocolo de rutina.
"El Estado nunca deja de atender la necesidad de dar una respuesta a la persona que ha sufrido un accidente, pero es fundamental que se recuperen esos costos. Hay dos mensajes importantes: primero, la creación del Fondo para la Recuperación y Fortalecimiento del Sistema de Salud de la Provincia que busca que los gastos incurridos por irresponsabilidades sean asumidos por los infractores; y el segundo, es un mensaje simbólico a la ciudadanía, sobre la necesidad de asumir la responsabilidad de sus acciones".
En cuanto al cobro a las obras sociales y a las prepagas, la intención es que mejore la recaudación, a partir de un ente autárquico. Parte de los fondos irán destinados a los hospitales donde se hicieron las prestaciones y otra parte a los abogados que se encargarán de llevar adelante el reclamo a aseguradoras y a los financiadores del sistema.
Por otro lado, la asignación será al Reforsal y al sistema de transformación digital.
La estadísticas en accidente de tránsito en Mendoza
Mendoza no adhirió a la Ley de Alcohol Cero por lo que es duramente cuestionada por los familiares de víctimas de accidentes de tránsito.
La legislación actual permite conducir con un mínimo permitido de 0,5 gramos de alcohol en sangre y de excederse ese límite las sanciones van de inhabilitación para conducir por entre 30 y 180 días, multas entre $381.000 (3.000 UF) y $762.000 (6.000 UF) y retención de licencia de conducir.
Con más de 1 gramo de alcohol en sangre, la falta establece multa de entre $508.000 (4.000 UF) a $1.143.000 (9.000 UF), inhabilitación para conducir vehículos desde 90 a 365 días, retención del rodado y arresto de hasta 30 días y los juzgados contravencionales imponen la realización de trabajo comunitario con Estrellas Amarillas.
En 2023 se labraron 2.539 actas en total. De las cuales, 1.183 casos corresponden a conductores que el dosaje les arrojó el resultado de menos de un gramo de alcohol en sangre, mientras que 1.356 actas tenían más de un gramo.
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