Días atrás un hombre con antecedentes penales y pedido de captura, robó en un minimarket en Godoy Cruz. El hecho quedó registrado por la cámara del negocio, todos vimos la brutal violencia ejercida sobre la joven mujer que lo atendió.
Carlos Javier Estrada, de 38 años, fue imputado por robo simple.
A raíz de este hecho, los funcionarios políticos provinciales a cargo de la seguridad y el orden públicos se quejaron por la inseguridad y el caos delictivo. No sólo se quejaron sino que consideraron que la culpa institucional es ajena, la tiene otro poder del Estado. En esta ocasión, la responsabilidad es de los jueces ¡a pesar de que condenan!, pero igual son culpables de la violencia callejera porque aplican penas bajas, son magistrados blandos, les tiembla la mano para aplicar sanciones numéricamente más elevadas.
Otra vez el gastado y populachero cliché de la mano dura, el cual no aporta absolutamente nada ante un fenómeno complejo como es la violencia social. Antes de tomar partido, le pido al lector que se imagine encerrado un año en prisión y luego conteste si es mucho o poco tiempo (dejemos por ahora de lado el delito que su imaginación cometió). Un año de vida en una prisión, verdaderos chiqueros hacinados, helados en invierno y sofocantes en verano (cuánta porosidad a pesar de los muros divisorios), un ambiente dantesco en el que los presos sufren los más variados e inimaginables abusos.
Si nuestra imaginación no es fértil leamos los nueve círculos del infierno de La Divina Comedia. ¿Cómo se siente el paso del tiempo en cualquiera de estos círculos?
Las emociones no alcanzan, es verdad, pero ayudan a acercarse con precaución a lo que podríamos llamar la justa medida del encierro. No obstante, acá también la razón nos ayuda. Como el ciudadano no tiene por qué saberlo, informo que la cantidad de días, meses y años que merece una persona por el delito que cometió, es un tema que históricamente ha preocupado a la ciencia jurídico penal. Desde hace mucho tiempo la dosis de encierro es objeto de estudio.
En el siglo pasado un jurista alemán publicó dos tomos sobre la cuantificación de la pena, a partir de lo cual se fue abriendo un camino de investigación que no cesa hasta el presente. Escribir dos volúmenes revela, junto a la seriedad y compromiso del pensador, la complejidad del tema.
Mucho más fácil es vociferar públicamente que lo duro es blando o que cualquier tiempo en prisión es joda veraniega. ¿Este impulso represivo será parte de la batalla cultural nacional que no terminamos de entender?
El problema no es sólo de demagogia o impostura, está en juego la propia responsabilidad del Poder Ejecutivo. El ladrón del minimarket robó con inhumana brutalidad, se cansó de pegarle a la empleada, pero el hombre había estado varias veces en prisión, según los trascendidos periodísticos resaltados por las propias autoridades provinciales. Acá debemos hacernos varias preguntas. ¿Qué se hizo con este hombre encerrado más de una vez en la cárcel? ¿Qué tratamiento se le brindó para contener o disminuir su nivel de violencia? ¿Y si fue la propia cárcel la que intensificó esa violencia personal?
La estadística, no solo local, demuestra que la prisión se ha convertido en un factor criminógeno, es decir, es la propia cárcel la que enseña a cometer delitos o fija la carrera criminal de los que no son primarios. Que la pena privativa de libertad no resocializa ni reeduca es una constatación sociológica y criminológica que trasciende nuestra provincia, la cual, de manera antirepublicana, es convenientemente ocultada a la población. Se teme que los ciudadanos empiecen a reclamar el dinero que el Gobierno les saca para sostener un artefacto carísimo y mucho más violento que el ladrón del minimarket. Esta subversión institucional no debe llamar la atención, los griegos ya la explicaban con la palabra phármakon, cuyo significado es, a la vez, remedio y veneno.
La cárcel que en teoría es curativa, en la realidad contamina a las personas. En lenguaje sociológico, la función manifiesta de resocialización carcelaria, que se vende como un buen producto, que recetan sin pudor nuestras máximas autoridades y hace suya el marketing publicitario oficial, siempre con el fin de conseguir votos, es totalmente opuesta a la función latente que acontece en los hechos (incapacitación para vivir en sociedad por degradación y regresión personal), la cual se esconde celosamente porque el pueblo no debe saber que el rey, en realidad, está desnudo.
A esta altura la pregunta es inevitable. Si el violento ladrón del kiosco había estado varias veces en nuestra cárcel, ¿qué responsabilidad le cabe a nuestro Estado provincial? ¿Cuánta dosis de esa brutalidad personal es atribuible a nuestra institucionalidad ejecutiva? ¿Qué pensar, entonces, de una propuesta de más cárcel o de penas de más larga duración que favorecen la violencia?
Ante este hecho policial, el Gobierno se enojó con los jueces, como dijimos, porque sus condenas son benévolas por más que respetan la ley (¿?). Es preferible pelearse con jueces locales que necesitan del Poder Ejecutivo provincial para ascender o mantenerse en sus cargos, antes que con los legisladores nacionales inmunes a una crítica provincial de tan poca densidad. ¡Pero cómo pueden ser responsables los magistrados por actuar dentro de los parámetros previstos en la ley o en el Código Penal! Esta sinrazón no se explicó en la catarsis pública que se hizo luego del robo violento.
Más aún, la responsabilidad del Poder Ejecutivo no termina acá, porque el violento perpetrador tenía pedido de captura, es decir, no debería haber estado en libertad. Entonces ¿por qué las fuerzas del orden provinciales permitieron que anduviera suelto por las calles, por qué no lo detuvieron antes que robara y golpeara a la empleada del minimarket? ¿Dónde estuvo la prevención que se invoca para civilizar la gobernanza securitaria?
Las autoridades exhiben con orgullo el hecho de que gracias a las cámaras que se colocaron en el colectivo se pudo detener al ladrón, pero no reconocen que sin ese robo violento el hombre continuaría siendo un tranquilo fugitivo. Esto significa selectividad bajo presión mediática y ante un hecho grosero, que no sirve para la prevención delictiva, ni siquiera para la prevención situacional propia de las cámaras de vigilancia.
Deber quedar claro, no son los jueces los que deben correr detrás de los delincuentes, menos si se cumple el deseo de una autoridad nacional de vestirlos con togas, pues seguramente más de uno se la pisará y hará el ridículo en tan impensable e inidónea función. Es la Policía, dependiente del Poder Ejecutivo, la encargada de encontrar y detener a los fugitivos. Entonces, la culpa de que el violento haya estado en libertad no es, en este caso, de los jueces.
Es cierto que el Poder Judicial es una institución que no goza de mucha credibilidad, según encuestas y estadísticas nacionales y locales, pero no es menos cierto que esa poca confianza se hace extensiva a los otros poderes del Estado. Ninguno de los tres se salva de una severa crítica ciudadana.
Además, las mismas autoridades provinciales el año pasado se jactaban de la incorporación de la reiterancia en el Código Procesal Penal para fundamentar la prisión preventiva, porque gracias a ella había disminuido el índice delictivo. Celebraron orgullosas el fin de la puerta giratoria. Pues bien, esa jactancia depende de fiscales y jueces que son los que valoran y aplican este instituto. ¿Qué pasó en apenas un año? ¿Cambiaron repentinamente de pensar los jueces y fiscales o se jubilaron todos?
Es una irresponsabilidad política empeorar este delicado panorama institucional comunicando a los cuatro vientos a la población que el Poder Judicial es el causante de los hechos violentos que suceden en la provincia, por aplicar una pena legal dulce. Es sabido que se ha generalizado en distintos países el uso político del miedo, porque ante la falta de respuestas de contenido social y económico, los gobernantes inventan un enemigo, un chivo expiatorio para generar una zozobra tal que postergue las frustraciones o el descontento, y mientras tanto se encolumnan sumisamente detrás de una figura.
Con la instrumentalización del miedo, los gobiernos consiguen una episódica solidaridad de trinchera, aplacan momentáneamente los ánimos ciudadanos ante la inminencia de una invasión externa (terrorismo, guerra) o interna (delitos y violencia) y siguen adelante administrando la rutina, incapaces de solucionar los problemas estructurales e impulsar el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Claro que esta vez el enemigo de turno son los jueces penales, quienes junto con la Asociación de Magistrados empiezan a movilizarse para analizar las imputaciones dirigidas desde otro Poder del Estado.
En lugar de diálogos y consensos institucionales, se tensionó la división y el equilibrio de los poderes provinciales. Parece que la violencia del ladrón del quiosco puso en evidencia una violencia más sutil y preocupante.
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