La Fiscalía de Estado pidió que se traben las cuentas de la constructora Dela SA por $20 millones y denunció una serie de maniobras por parte de sus titulares para descapitalizarla. Esta empresa está siendo investigada por los daños que sufrió la cúpula del ECA (Espacio Contemporáneo de Arte) durante la restauración que llevaba adelante hace ya casi dos años y medio.
Fernando Simón, titular del ente de control, explicó que a partir de una investigación que se inició hace hace 10 meses se ha constatado que Alejandro Balegno y Laura Torrisi, máximos responsables de esta sociedad, habrían desviado su patrimonio para, de esta forma, evitar responder a la condena que podría recaer sobre ellos en la causa judicial que se abrió por el incendio en el histórico edificio el 18 de enero de 2017.
Ahora es el Tribunal de Gestión Asociada el que deberá dictar el embargo oficial de los bienes de Dela SA, mientras que este miércoles se realizó la demanda penal sobre estas actividades que llevaron adelante los empresarios.
Ante la Justicia, el ente de control también señaló otras irregularidades “que indicarían más indicios de su responsabilidad”, según dieron a conocer a través de un comunicado. Además, indicaron que, al momento en que se ejecutó la obra, los trabajadores no estaban registrados, incluso no estaba contratado personal de dirección técnica en higiene y seguridad, y las pólizas correspondientes a ART tampoco fueron acreditadas.
En tanto, la demanda civil contra cuatro funcionarios de la Secretaría de Cultura, entre ellos Diego Gareca, sigue adelante y se los acusa de haber contribuido a la mala ejecución de los trabajos, por omisión y groseros errores en la adjudicación a una empresa que no cumplía las exigencias de los pliegos y ponía en riesgo el patrimonio.
En la agobiante jornada del 18 de enero de 2017, el humo que salía por la cúpula del histórico edificio ubicado Gutierrez y 9 de Julio alertó a los transeúntes y prontamente debieron llegar los bomberos.
En el lugar se estaban realizando obras de mantenimiento y cuatro muestras se estaban desarrollando. La cúpula se desmoronó, ocasionando daños aún mayores. En la justicia penal, la causa quedó caratulada como "Estrago culposo", mientras que dos bomberos sufrieron traumatismos.
Las pérdidas materiales resultaron incalculables para Mendoza por su valor histórico. Por ejemplo, dos de los nueve vitrales se trizaron y la estructura de yeso quedó en el hall central.
En diciembre de ese mismo año, el secretario de Cultura fue sancionado por el Tribunal de Cuentas a pagar una multa de $7.000, por irregularidades que el órgano detectó en las tareas de refacción.
La directora del ECA, María Laura Tinte, la encargada de Compras, Margarita Videla y la exdirectora de Administración de la Secretaría de Cultura, Judith Deiberato, también están bajo la lupa de la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.