Encontraron conexiones clandestinas y hurto de electricidad en un barrio privado de El Challao
Se trata del barrio Quintas de San Isidro, desarrollado sin ningún tipo de habilitación estatal. Sus habitantes llevan adelante una demanda por estafa genérica contra sus desarrolladores, los sucesores de Ricardo Dumit
Por UNO
Corte de instalaciones clandestinas de luz en el barrio Quintas de San Isidro.
El viejo problema de los barrios privados no autorizados en El Challao tuvo un nuevo capítulo esta semana cuando una treintena de vecinos se quedaron sin luz al ser desconectados de las redes a las que estaban colgados de forma clandestina.
Se trata de los vecinos del condominio Quintas de San Isidro, que han demandado al desarrollador urbano y lo acusan de venderles los terrenos sin las correspondientes habilitaciones municipales para la instalación de servicios básicos como la luz y el agua.
El procedimiento se llevó a cabo este martes, cuando operarios de Edemsa, auxiliados por la jueza Alejandra Mauricio, atravesaron las barreras de ingreso al barrio y desconectaron las instalaciones clandestinas colgadas peligrosamente de transformadores de alto voltaje.
La demanda de los vecinos es contra los herederos de Ricardo Dumit. Está radicada en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a cargo de Susana Muscianisi, con la carátula de “estafa genérica”.
Un pleito de vieja data
La abogada de los damnificados, Sandra Gadán, explicó a este diario que hace 30 años que los vecinos luchan por regularizar sus propiedades.
Gadán detalló que “los Dumit son los únicos autorizados a tramitar el plan de urbanización que incluye la luz y el agua ".
Si bien los vecinos culpan a los desarrolladores inmobiliarios Dumit por la falta de luz, agua y cloacas, fuentes oficiales manifestaron que los propietarios sabían al momento de la compra que estaban adquiriendo lotes sin esos servicios y sin los permisos municipales pertinentes.
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Corte de instalaciones clandestinas de luz en el barrio Quintas de San Isidro
Cualquiera sea el caso, cuando se destrabe el trámite y el barrio consiga la autorización municipal, habrá que pagar las obras faltantes y ese dinero deberá salir de un eventual éxito de la demanda o de los bolsillos de los ocupantes, ya que el Estado no puede afrontar los gastos de urbanización de un barrio privado.
Pero esa no es la única controversia. Por un lado, la demanda es compleja en sí porque no es contra una persona o empresa sino contra “herederos”. Por otro, hay un problema de jurisdicciones, ya que inicialmente el barrio pertenecía a Las Heras, pero desde hace un par de años quedó bajo jurisdicción de Capital.
El problema de la luz en el country Quintas de San Isidro es parte de un desbarajuste general por la proliferación de barrios privados en El Challo sin autorización ni control por parte del Estado y fundamentalmente por parte de las sucesivas administraciones municipales de Las Heras y Capital.
Y a esta problemática no son ajenos los actuales intendentes Daniel Orozco (Las Heras) y Ulpiano Suarez (Capital), ya que son ellos quienes tienen que poner orden.
De hecho, en diciembre pasado Orozco y Suarez firmaron un convenio para encarar el acuciante problema de provisión de agua para esos barrios.
En sus considerandos, el convenio reconocía al menos media docena de irregularidades en “la mayoría de los asentamientos poblacionales”. Lo llamativo es que esas irregularidades se produjeron bajo tutela del Estado en general y de sus antecesores en la administración comunal en particular.
De hecho, durante la gestión del intendente Rubén Miranda hubo un fuerte crecimiento de ese tipo de barrios sin control y algunos particulares hasta recibieron permisos municipales a pesar de no contar con todos los requisitos que exigen las diferentes normativas.
Esos barrios “en su gran mayoría no cumplen con los requisitos para ser constituidos como loteo según la Ley 4341, tampoco se ajustan a la Leyes de Piedemonte 4886 y 5804, evaden la Ley de Impacto Ambiental, la Ley de Ordenamiento Territorial y el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial”, dice aquel convenio firmado en diciembre en el Informador Turístico de la avenida Champagnat.
Ahora, aquellos mismos que adquirieron lotes y construyeron countrys carentes de planos y de autorizaciones acuden al Estado para que desvíe dinero de todos los contribuyentes y los provea del agua y de la luz que en su momento ellos o los vendedores no estuvieron dispuestos a pagar.
