Cacho Garay Verónica Macías.jpg
Cacho Garay junto a su pareja de ese entonces Verónica Macías.
La causa contra Cacho Garay
Los entonces representantes legales de Cacho Garay -Daniel Romero y Juan Pablo Ildarraz- presentaron una serie de oposiciones solicitando su sobreseimiento, sobre todo basados en una pericia psicológica de la denunciante.
Y si bien lograron en abril pasado que el comediante sea liberado, recién en julio se resolvió que el caso vaya a juicio por un cambio de estrategia legal.
En esa fecha, el comediante contrató a Federico Yunes y Leonardo Pasccón, quienes decidieron un cambio clave en la defensa: presentaron un escrito retirando la oposición. Así, la elevación a juicio quedó firme y ahora habrá que esperar la fecha para el debate. La idea es que Cacho Garay demuestre su inocencia en esa instancia.
La denuncia por violencia de género
A principios de abril de 2023 trascendió una denuncia por violencia de género que Verónica Macías hizo contra su esposo, Cacho Garay.
La mujer explicó que el 5 de abril de ese año mantuvo una discusión con Cacho Garay en el domicilio donde convivían en Luján de Cuyo. La situación se fue elevando de tono hasta que el acusado tomó un arma de fuego, le apuntó a la cabeza y le advirtió: "Te voy a matar".
En orden cronológico, el 30 de abril pasado un Tribunal definió que el lujanino puede estar en libertad mientras avanza la investigación en su contra. Así, volvió a las calles luego de estar casi un año alojado en la cárcel y otro más en arresto domiciliario.
Él negó siempre los cargos. En una entrevista con Diario UNO aseguró que en las denuncias por violencia de género, "la masculinidad ya determina la culpabilidad" de una persona. Incluso el humorista criticó los juicios donde la víctima es la mujer y afirmó que hay que recuperar la "objetividad".
Cacho Garay está acusado de amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. Arriesga una potencial condena de 8 a 32 años de cárcel.
