El abogado Sergio Salinas se presentó ante el Tribunal Internacional de La Haya para pedir que los delitos del caso Próvolo sean considerados de lesa humanidad.
Querellantes en las causas por los abusos sexuales cometidos a menores en el Instituto Próvolo -cuyo tercer juicio está a punto de terminar-, exigieron, junto a demás abogados, activistas y sobrevivientes, y ante el Tribunal de La Haya, principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, que estos delitos sean considerados "crímenes de lesa humanidad".
Sergio Salinas es un abogado que representa a las víctimas del Instituto religioso Antonio Próvolo. El letrado exigió "que los abusos, así como también otros casos de abusos eclesiásticos ocurridos y denunciados a nivel mundial sean considerados crímenes de lesa humanidad".
Ello implica, entre otras cosas, que esos crímenes serían imprescriptibles.
Salinas, miembro de la agrupación Xumec, fue designado representante de América Latina de la ONG ECA Global, desde donde expusieron ante autoridades de la Corte Penal Internacional sobre el caso de abuso eclesiástico por el que ya fueron condenados dos curas en Mendoza.
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En ese contexto, pidieron que se lo considere un crimen de lesa humanidad y volvieron a reclamar colaboración a la Iglesia.
"Abogados, activistas y sobrevivientes reclaman que los abusos no se traten como algo individual sino como algo sistemático. La sistematicidad más la generalidad hacen al delito de lesa humanidad", afirmó.
"Solo en Mendoza, y en parte, hubo justicia. En el Próvolo de La Plata no hay nada, en Chile nada, en Colombia nada y ahora recientemente en Canadá han aparecido mil niños muertos enterrados abusados bajo la impunidad de la Iglesia, más otros mil en Suiza", resaltó Salinas.
"Nos presentamos en la Corte Penal e Internacional, con sede en La Haya, que tiene competencia para cuatro tipos de delitos: crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión y genocidios", explicó.
El próximo miércoles 18, miembros del Tribunal Penal Colegiado 2 de Mendoza, donde se desarrolla el tercer juicio por abusos sexuales cometidos a menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo dictarán sentencia a las ocho imputadas por abusos sexuales y omisión de denuncias de abusos, entre las cuales hay dos monjas: Kumiko Kosaca y Asunción Martínez.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó esta semana un recurso y dejó firme la condena impuesta al jardinero Armando Ramón Gómez Bravo por abuso sexual agravado y corrupción de menores, en el Próvolo.
En noviembre de 2019, Gómez fue condenado a 18 años de prisión, el ex director del instituto y sacerdote, Nicola Corradi (fallecido a los 83 años), a 42 años y el sacerdote Horacio Hugo Corbacho (59), quien recibió la mayor condena dictada por el tribunal en este caso: 45 años de prisión, por 13 hechos.
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