Hagamos de cuenta que la Justicia Federal argentina es un auto de carrera. Siguiendo este lineamiento bien podemos decir que ahora parece haber acelerado a fondo (al menos parte de esta justicia) y causas que llevan mucho tiempo dando vueltas por la pista han enderezado el rumbo y enfilan hacia la bandera final.
Esto se desprende de lo ocurrido el jueves con la decisión del juez Claudio Bonadío sobre la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en la cual procesó y pidió el desafuero para detener a la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández, en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.
También hubo un extenso procesamiento con prisiones preventivas para Luis D'Elía, Fernando Esteche, Carlos Zannini, Jorge Khalil. Y para Héctor Timerman con prisión domiciliaria.
Mucho se viene hablando, sobre todo en estos dos últimos años, del acomodo a los tiempos políticos de los jueces de Comodoro Py.
En un país ideal, y lamentablemente el nuestro dista mucho de serlo, es muy malo ambas situaciones, ya sea la de jueces que no actúan por miedo a ser destituidos por el poder político de turno, como también la de jueces que actúan cuando ese partido deja el poder y casi que se convierten en un funcionario más del de turno, o mal menos en funcional a éste.
Este es un problema que no es actual en nuestro país y que no ocurre solamente allá lejos en Buenos Aires. Y aunque no esté en la "agenda" de los ciudadanos (aunque ahora al menos se habla) es un flagelo central: no hay país posible sin un poder judicial verdaderamente independiente.
No voy a negar que investigar posibles hechos de corrupción es muy importante, claro está, pero la idea es poner atención en lo que pasa detrás de lo visible. Tal vez la sociedad se deba el debate de qué sistema sería el mejor para designar o remover jueces, con el objetivo final de que la independencia del sistema sea una realidad.