A los 57 años, Emilio Aroldo Eduardo Castrillón, resultó electo presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos para el bienio 2018-2019 y asumirá en el cargo en el mes de febrero.
En decisión dividida, el vocal recibió el voto de Claudia Mizawak, Susana Medina de Rizzo , Bernardo Salduna y Juan Ramón Smaldone, según trascendió en algunos medios. Así relegó a Germán Carlomagno, el otro candidato en pugna.
Desde su despacho en la Sala N° 2 en lo Civil y Comercial reconoció que ya venía masticando la idea de postularse para el máximo cargo al que se puede aspirar en el Poder Judicial. El proceso de juicio político que debieron enfrentar dos integrantes del STJ, las denuncias por supuestos hechos de corrupción contra actuales y exfuncionarios, la discusión por la Ley Castrillón y las reformas hacia adentro del sistema judicial, fueron algunos de los temas sobre los que respondió en una entrevista concedida a UNO.
"Voy a proponer que no haya reelección en la presidencia del STJ", dijo adelantando que no buscará un segundo mandato.
—¿Tenía la intención de presidir el máximo tribunal?
—Cuando se produce dentro del Poder Judicial ese chisporroteo que significaron los dos juicios políticos, era muy difícil no ver que el Poder Judicial en su credibilidad, en su honestidad, en su independencia, había quedado herido y que había que restituirlo. Reconociendo, no por cuestiones ilegales, sino por cuestiones de costumbres, de procedimientos que uno tal vez no pensó nunca que pudiesen ser erróneos, había que establecer una serie de modificaciones y de cambios. Después de varios años en los cuales la provincia y la Justicia invirtieron en el cambio del proceso penal, había que fortalecer los cambios del proceso civil y con ello la oralidad. Y a su vez, fortalecer el sistema de los juzgados de Familia y la respuesta para la protección de la violencia familiar y la violencia de género. La Justicia entrerriana es de buena calidad, pero no deja de ser lenta. Nuestra meta es reducir a la mitad los términos de los procesos de conocimiento y de daño en Entre Ríos. Con relación al sistema procesal penal, junto con la Procuración y la defensa, buscamos que se establezcan los límites en tiempo de responsabilidades o de desgravar responsabilidades a quienes están sometidos a un embate de denuncias.
—A Chiara Díaz se lo acusaba de cobros de viáticos indebidos y de percibir su remuneración por días no trabajados. Antes de ser destituido renunció. La denuncia de juicio político a Mizawak se basó en viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción. ¿Qué aprendizaje les dejó este proceso y sobre qué cuestiones debería haber mayores controles?
—Si se tomaban 10 años para atrás la situación era distinta, si se tomaban los últimos años existía un tope dentro del Poder Judicial de que ningún vocal podía percibir más de cuatro viáticos al mes. Por eso ya disparaba automáticamente que era imposible, ahí no se justificó por qué período se pasaban los días, confundiendo viáticos con licencias. En cuanto a la percepción de viáticos duplicados o no, creo que escapa al ámbito del Tribunal actuar como poder de policía y saber si uno va a mentir o no en el ejercicio de una misión, tal cual se lo presenta al cuerpo. No se olviden que nosotros somos nueve, que tenemos los mismos derechos y las mismas prerrogativas y las mismas obligaciones. Por lo tanto, no resulta tan fácil poner límites a situaciones que son directamente de responsabilidad personal de cada uno. Nos dimos cuenta que tal vez uno lo tiene que plantear más firme cuando ve que puede existir algún tipo de exceso, para que ello no ocurra. No obstante eso, Chiara Díaz había sido denunciado cinco veces por el mismo tema. En el caso de Mizawak se mezclaron temas que, en lo funcional, la responsabilidad de ella es haber sido presidenta; en situaciones personales no ameritaban la fuerza del embate, pero no soy quien para juzgar esos mecanismos que existen constitucionalmente y que también se han ejercido. Lo que quedó claro es que existen tres poderes y que el Poder Judicial no es el dueño de la verdad, y que el Poder Legislativo tiene el contralor y debe tenerlo sobre el Poder Judicial, y que el Ejecutivo debe lograr su rol en la fijación de las líneas políticas del Estado.
—¿Qué respuestas cree que está dando la Justicia en causas donde se investigan hechos de corrupción?
—No es la materia que le corresponde a mi sala. Hay que poner todos los medios al alcance para resolver esas causas, porque esas causas le hacen tan mal a la Justicia como a la sociedad, como al que es acusado en forma injusta. Sabemos que quienes están en la actividad política están expuestos, pero cuanto antes se resuelvan mejor. La mayoría son delitos más de tipo funcional o de actividad discrecional del Estado, vinculados con la posibilidad de incompatibilidades, por lo tanto son delitos técnicos. Hay que darle los medios técnicos a quien es titular de la acción penal, que es el Procurador General, para darle la respuesta que ustedes insisten -en alusión a la prensa- pero que la sociedad también quiere tener.
—¿Cómo se resuelve la falta de celeridad en causas que se tramitan en diferentes fueros?
—Lo vamos a bajar con la oralidad y la notificación electrónica. Hay que hacerles entender a los jueces que, más allá de las horas que tienen que estar, tenemos que medir productividad. Debemos pedirle un esfuerzo extra a nuestros magistrados de manera de mostrar un cambio. Si cobramos como especialistas, debemos obrar como especialistas.
—¿Consideran que los jueces están bien remunerados en Entre Ríos?
—Somos la sexta provincia, pero estamos bien remunerados. En la protección de 1933 del constituyente entrerriano estaba la intangibilidad, que estipula que no te pueden aumentar ni disminuir el sueldo si fallás de una manera o de otra. Al asociar la posibilidad de aumento a un órgano extraño como lo es la Corte Suprema, pierde la posibilidad de manejo el titular del Ejecutivo provincial de atentar contra la intangibilidad. Lo que queda asegurado es el mayor nivel de independencia.
—El gobernador, en la apertura de las sesiones legislativas, prometió impulsar una reforma del Poder Judicial. ¿Coincide con esta apreciación en términos de apurar cambios?
—La Ley Orgánica no preveía muchísimos organismos, de fueros especializados, la existencia de relatores, la existencia de equipos interdisciplinarios, de que iba a existir un sistema acusatorio y un Ministerio Público. Requiere cambios y si tratamos el tema de amparos, que es un tema debatido, se puede encontrar la forma de que sea más repartido para la totalidad de los miembros. Si lo quisiese delinear para el futuro tanto a la cantidad de miembros del tribunal o a la forma en que se actúan en salas y en cortes, es una decisión que tienen los otros poderes.
—¿Tendría que achicarse la cantidad de vocales del máximo tribunal?
—Nosotros funcionamos muy bien con nueve, existen provincias que funcionan muy bien con cinco y otras que lo hacen muy bien con siete. La Sala Penal, cuando no existía la Cámara de Casación, tenía otra actividad; el Contencioso Administrativo, cuando no existían las Cámaras, los nueve teníamos otra actividad, y otra demora también. Por ahí te encontrás con situaciones como la de Mendoza que tenía media sanción el número de vocales. De siete lo elevaron a nueve. O el caso de la provincia de Chubut que son seis integrantes y tiene a tres en funciones, a los demás no los han designado. La Justicia que resuelvan los entrerrianos y los poderes en la provincia de Entre Ríos es la que apoyo como magistrado.
—¿Qué opinión le merece el proyecto del Ejecutivo para implementar cambios en la ley de Ejecución de Penas?
—Tiene que haber más claridad en la bajada de línea en la cabeza de la conducción penal, sobre todo en casos públicos como en la denuncia al juez (Carlos) Rossi por el desgraciado acontecimiento que se generara tras determinadas medidas. No está mal el sistema progresivo de la pena porque se aplica en todo el país y también hay que ser muy cuidadoso de ello. Sobre todo si en muchos tipos de delitos vamos a aplicar tobilleras u otro sistema de control extramuros, debe ser aplicado, no lo anunciemos únicamente. Si existe hoy un problema en Victoria no lo tengo. Es una política que se la dio el constituyente al Procurador General. Creo que se debe cubrir la Oficina Anticorrupción y que por ley se establezca la estructura de la misma.
—Mizawak cumplió dos períodos al frente del STJ. ¿Se imagina repitiendo el mandato?
—Planteé únicamente ser presidente por dos años y que no exista reelección. De los últimos tres presidentes los dos primeros años fueron muy buenos.
La Ley Castrillón y la impronta que le dará a la gestión
—Se renovó la discusión en procura de derogar la Ley Castrillón. ¿Qué piensa sobre esta situación?
—Toda norma existe en un tiempo y en un lugar determinado. Que en lugar de lemas o de listas internas se creen partidos es una encuesta demasiado cara. Han sido muchos los que han planteado que es innecesario mantener esa ley. Bueno, tal vez haya llegado el tiempo que haya que fortalecer nuevamente a los partidos. Por ejemplo, las PASO son un sinnúmero de creación de partidos que, con distintos nombres, representan un tronco o idea común. Cuando se pensaron estas leyes se creyó que iban a competir dentro de un mismo espacio. Cuando se sanciona en Entre Ríos la ley de Primarias Abiertas y no se la declaran obligatorias, fue porque en su momento componían la Cámara el diputado (Federico) Soñez, (Alberto) Reggiardo, de partidos minoritarios. Era como forzarlos a participar de una elección generando gastos innecesarios. Hay que repensar el sistema político-electoral argentino y de Entre Ríos.
—¿Cómo imagina el perfil que tendrá su gestión?
—Hay que darle continuidad a las obras y lo que está presupuestado. Debemos afianzar el funcionamiento de muchas áreas y en otras estamos a medio camino como lo es la de personal; en informática debemos ponernos a la altura de las mejores provincias de la Argentina. Debemos apuntar a otra forma de comunicar, de relacionarnos con la prensa, de tal manera de no estar apareciendo como que nos están persiguiendo. Tenemos que hacer entender que somos empleados públicos, algunos más calificados que otros y que cumplimos con un servicio que consideramos esencial. La forma de justificar el tipo de reconocimiento salarial está dada por la excelencia y la capacitación. Debemos tener en claro que el Poder Judicial no es una isla.
