A cargo de la causa quedaron el juez López Biscayart y la fiscalía de Claudio Navas Rial.
La denuncia, a la que accedió Télam, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó de Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.
La presentación denuncia "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".
Los funcionarios del Gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".
Bolivian riot police and soldiers clash with supporters of Bolivia’s ex-President Evo Morales during a protest against the interim government in Sacaba, Chapare province, Cochabamba department on November 15, 2019. – Bolivia’s interim president Jeanine A
"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", se indicó en la denuncia.
El lunes la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich publicó una carta para refutar el informe del Ministerio que ahora encabeza Sabina Frederic, en el que se indicó que había diferencias entre las municiones que envió Argentina a Bolivia y lo que dice la denuncia del país vecino. Según argumentó, los 70.000 cartuchos antidisturbios enviados a Bolivia se utilizaron en "ejercicios de entrenamiento".
El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.
Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la presentación judicial.
Ante el escándalo bilateral el ex presidente Mauricio Macri desmintió la denuncia presentada por funcionarios bolivianos en un texto que publicó en sus redes sociales. Además, dijo "repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando dolor y vergüenza sobre esos hechos falsos en los que quieren involucrarme".
Mientras que la ex titular del Senado de Bolivia Adriana Salvatierra aseguró que el Gobierno del ex presidente argentino "efectivamente contribuyó a consolidar el golpe de estado" en su país y consideró que el supuesto envío de pertrechos desde la Argentina para la represión confirma que "existió una articulación internacional" para llevarlo a cabo y reconocer a Jeanine Áñez en el poder.