Avanza el plan de descontaminación en la Playa San Agustín.
Fuente/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza
El gobernador Alfredo Cornejo anunció la semana pasada un plan de compactación y saneamiento de la Playa San Agustín, donde los vehículos secuestrados se quemaron en su gran mayoría en un incendio el año pasado. Hasta el momento se redujo a cubos de acero a la mitad del material previsto para la primera etapa.
Al mismo tiempo, el gobierno de Cornejo está realizando una revisión de la tarifa que se cobra por día a los infractores para la custodia de las motos, autos y camiones, cuyo valor quedó totalmente desactualizado.
De acuerdo con datos oficiales, hasta la fecha se han compactado un total de 269 cubos de chatarra, con un promedio de 15 cubos diarios, representando la mitad de los vehículos planificados para la primera etapa del proceso.
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El gobernador Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Seguridad Mercedes Rus, el intendente Ulpiano Suarez y el Jefe de la Policía, Marcelo Calipo.
Fuente/ Ministerio de Seguridad
Compactación en la primera etapa en la Playa San Agustín:
Autos: 352 unidades
Motocicletas: 188 unidades
Lo que da un total de 500 toneladas de acero
En cuanto al retiro y el traslado del acero compactado con la carga de 4 camiones hasta el momento: uno con 33 cubos, dos con 34 cubos cada uno y otro con 37 cubos. Estos camiones transportan la materia prima para la empresa AcMet que está a cargo del saneamiento. La firma le paga $31.000 a la Provincia por cada tonelada.
El procedimiento continuará, progresivamente, con el resto de los vehículos que están incluidos en la acordada de la Corte mendocina y que pertenecen a causas vinculadas con el Poder Judicial. Entre finales de este mes y mediados del próximo, posiblemente se realice una nueva licitación para distintos parques o lotes de bienes que están en la provincia.
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En una semana se avanzó en la compactación de la mitad de la primera etapa.
Fuente/ Ministerio de Gobierno
Precios irrisorios por el secuestro de los vehículos
A pesar de ser bajo el valor del bodegaje de los autos secuestrados, sus propietarios no los retiran y generan un perjuicio ambiental y una carga para el Estado que pone las instalaciones, en algunos casos por causas de Tránsito y otras que competen a la Justicia.
De acuerdo con la Ley Impositiva actual, los montos del servicio de guinche y almacenamiento es de $8.260 para camiones, de $1.180 para camioneta y $710 autos. Mientras que para moto son $470 y $380 para ciclomotor. Estos son valores diarios para cada uno de los vehículos.
Hay que considerar que son menos de $10.000 para el traslado hasta la playa de secuestro, siendo montos que no tienen relación con los costos actuales y la inflación.
Fuentes relacionadas a Seguridad indicaron que se está realizando un cálculo económico para que sufran una suba en todas sus variantes.
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Una empresa de Buenos Aires está compactando las partes de los vehículos quemado y le paga al Gobierno de Mendoza por el acero.
Fuente/ Ministerio de Seguridad
El aval de la Corte Suprema de Mendoza
A través de la Acordada N°32.425 de la Corte Suprema de Justicia se autorizó al Gobierno de Mendoza a proceder a la compactación de las motos y de los autos secuestrados (6.126 vehículos mayores y 7.0321 menores secuestrados en la órbita de la Justicia), al ser imposible su reconocimiento por la destrucción total del incendio ocurrido el 16 de septiembre del 2023.
Por otro lado, la Corte le da luz verde a Cornejo al producirse con el acopio de estos bienes, acumulados hace una década, un potencial daño al ambiente y a las personas que residen en la zona.
El incendio en la Playa San Agustín
La acción del viento Zonda del 16 de septiembre del 2023 provocó el incendio en la Playa San Agustín, pegado a viviendas en La Favorita.
La Justicia ya inició una investigación para establecer las causas del siniestro que provocaron la destrucción total de 28.000 autos y de 5 casas y la evacuación de unas 40 familias de Ciudad, a causa de la acción del fuego.
La playa de secuestros tiene 9 hectáreas y los bienes allí depositados quedaron reducidos a chatarra.
La acordada de la Corte evita que los dueños de estos bienes inicien acciones legales al Estado, amparándose en el peligro para el ambiente y para las familias de la zona que revestía mantenerlos en esas condiciones.
