Mendocino en el máximo tribunal

Víctor Ibañez quedó a cargo de los litigios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Víctor Ibañez Rozas, que fue nombrado al frente de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Corte Suprema, ahora tiene en manos los litigios del máximo tribunal

Por UNO

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves asumir progresivamente la defensa de sus propios intereses en causas judiciales y para esa función puso al frente del equipo de trabajo al mendocino Víctor Ibañez Rozas, ex funcionario provincial y nacional.

La tarea en representación del máximo tribunal judicial que tendrá como principal responsable a quien fue ministro de Gobierno de Rodolfo Suarez, estaba hasta ahora a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación.

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Sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Víctor Ibañez, al frente de los litigios de la Corte

El mendocino Víctor Ibañez Rozas (55) es el actual secretario letrado de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la SCJN. Antes fue ministro de Gobierno de Mendoza entre 2019 y 2023.

Ibañez es abogado, recibido de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza con especialización en Derecho Constitucional, Derecho Político y Derecho Administrativo.

Se ha desempeñado como profesor en diferentes instituciones como la UNCuyo, la Universidad de Mendoza y la Universidad del Aconcagua.

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El mendocino Víctor Ibañez.

El mendocino Víctor Ibañez.

La nueva función de la Corte con Víctor Ibañez a cargo

El máximo tribunal autorizó a los abogados de su Dirección de Asuntos Contenciosos (DAC) a ejercer la representación legal de la Corte en el ámbito judicial, extrajudicial y administrativo.

La medida incluye la habilitación para matricularse ante el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, y establece que estos funcionarios no percibirán honorarios por sus actuaciones, dado que ya cobran un salario como empleados públicos.

La Corte facultó al titular de la Secretaría Jurídica General a otorgar los poderes necesarios para que los letrados acrediten personería, y lo instruyó a dictar las disposiciones que permitan el funcionamiento operativo de la DAC.

Además, el máximo tribunal requirió al Ministerio de Justicia que informe de inmediato a la DAC sobre cualquier juicio en el que la Corte sea parte o en el que deba intervenir, y estableció que los honorarios que se regulen en los litigios deberán depositarse en una cuenta bancaria de titularidad institucional.

La resolución también dispone que la Corte asumirá los costos derivados del ejercicio profesional, incluyendo impuestos, tasas, contribuciones y matrícula profesional, mientras que su Oficina de Matrícula gestionará los registros necesarios para las actuaciones ante tribunales federales en las provincias.

Según los considerandos de la medida, la creación y fortalecimiento de esta dependencia técnica apunta a garantizar una defensa más eficiente del tribunal, en especial ante plazos procesales ajustados y en casos de trascendencia institucional o patrimonial.