La Fiscalía de Estado emitió un dictamen en el que se faculta a las actuales autoridades de Santa Rosa a llevar adelante las medidas necesarias para recuperar unos $5 millones que percibieron la ex intendenta, Norma Trigo, y unos 70 ex funcionarios de la comuna en calidad de incremento en sus salarios.

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La polémica se inició a comienzos del 2020, cuando la ex jefa comunal radical se despidió de sus funciones y asumió la justicialista Florencia Destéfanis. La flamante intendenta decidió dejar sin efecto un decreto municipal en el que se creaba un ítem que incrementaba el sueldo de los cargos políticos y denunciar a la anterior gestión señalando irregularidades en el proceso.

Al acusar a Trigo, Destéfanis señaló que se trataba de sueldos "ilegítimos" que habían perjudicado a las cuentas públicas del municipio por un monto de $5 millones.

Finalmente, este viernes se supo que la Fiscalía de Estado le dio la razón a la denunciante y le dio facultades para recuperar ese dinero. Es que, tras una investigación administrativa, se determinó que las anteriores autoridades comunales cometieron errores "graves o groseros". Ambas categorías dan lugar a establecerlos "nulos o inexistentes".

De la investigación llevada adelante se estableció que no solo no se cumplió con cuestiones administrativas, contables ni los marcos legales correspondientes sino que también se llevó adelante a pesar de expresas prohibiciones. 

"La competencia para emitir este tipo de normas que regulan aspectos salariales de los agentes municipales y presupuestarios del municipio correspondería al Concejo Deliberante", se explica en el escrito y añade en el párrafo siguiente: "La generación de este adicional no se habría materializado a través del órgano en principio competente (Concejo Deliberante) según normas precitadas ni habría respetado la disposición que expresamente prohíbe que el salario del intendente sea aumentado durante el período presupuestario".

Otras de las irregularidades encontradas fue la ausencia de la publicación de estos decretos en el Boletín Oficial, tal como lo determina la legislación.

Tomando en cuenta todo lo expuesto, la Fiscalía de Estado determinó que la gestión encabeza por Trigo incurrió en "desviación de poder". "El hecho de una autoridad administrativa que, realizando un acto de su competencia, con observancia de las normas prescritas y no incurriendo en violación formal de ley, usa su poder con fines y por motivos distintos de aquellos en vista de los cuales le fue conferido tal poder; es decir, distintos del bien del servicio", se señala.

Diario UNO intentó comunicarse con la ex intendenta Norma Trigo pero no contestó a los requerimientos a pesar de leer los mensajes de texto enviados.