Sin Plan B: el ensañamiento del intendente Daniel Passerini con Dioxitek podría dejar en la calle a 150 trabajadores
El cierre de Dioxitek forzado por Passerini no garantiza una mudanza, sino el fin de una industria estratégica y la pérdida de puestos de trabajo en Alta Córdoba
El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini,
La política de gestión urbana del intendente Daniel Passerini ha cruzado un límite peligroso. Al calificar como "inadmisible" el pedido de prórroga de ocho años para la operatividad de Dioxitek S.A., en el barrio de Alta Córdoba no solo está atacando una habilitación administrativa: está firmando el certificado de defunción para 150 puestos de trabajo calificados. Lo más alarmante es que este "ensañamiento" ocurre sin que exista un Plan B real, dejando a los trabajadores en medio de una pulseada política entre el municipio y el Gobierno Nacional por el recorte de fondos.
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La planta de Dioxitek, en Alta Córdoba.
Un eslabón crítico para la energía argentina
Para dimensionar la gravedad de un posible cierre forzado, es necesario entender qué hace Dioxitek. Esta sociedad anónima de capital estatal (CNEA, Ministerio de Economía y con el 1% de Mendoza) es la única instalación en el país capaz de purificar el uranio y transformarlo en dióxido de uranio. Este polvo negro es el "corazón" de las pastillas que alimentan los reactores de nuestras tres centrales nucleares: Atucha I, Atucha II y Embalse.
Sin el insumo que sale de la planta de Alta Córdoba, el ciclo del combustible nuclear argentino se corta. Argentina, que es líder mundial en tecnología nuclear y exportadora de reactores, se vería obligada a importar el combustible de potencias extranjeras. El cierre que busca Passerini no es una simple relocalización; es un golpe a la soberanía energética que el país construyó durante décadas. En 2025, la planta demostró su vigencia alcanzando un récord de producción de 190 toneladas, lo que demuestra que el problema no es técnico ni productivo, sino estrictamente político.
El drama humano tras las paredes de la planta
Detrás de los expedientes y las declaraciones mediáticas del intendente, hay 150 familias que hoy viven en la incertidumbre total. Los empleados de Dioxitek no son operarios que puedan ser absorbidos por el mercado de servicios o la administración pública local. Son químicos, técnicos nucleares y profesionales de alta especialización formados en procesos de seguridad radiológica industrial.
El ensañamiento de la gestión de Passerini ignora que destruir este capital humano es una decisión irreversible. "Si la planta se clausura, no se reordena; se cierra", advierten desde el sector. La pérdida de estos empleos directos arrastraría también a decenas de pymes cordobesas y mendocinas que son proveedoras críticas de la firma. La "pesadilla de 40 años" a la que refiere el intendente es, en realidad, el sustento digno y altamente profesional de cientos de cordobeses que hoy son utilizados como moneda de cambio.
Dioxitek-cnea
Dioxitek es una sociedad anónima de capital estatal (CNEA, Ministerio de Economía y con el 1% de Mendoza). Es la única instalación en el país capaz de purificar el uranio y transformarlo en dióxido de uranio.
La falacia de la mudanza inmediata
El argumento municipal sostiene que la planta debe irse a Formosa. Sin embargo, Passerini omite un dato crucial: la planta de Formosa no está terminada. Al negar la prórroga de ocho años -el tiempo técnico necesario para finalizar la obra en el norte y realizar una transición segura- el intendente está empujando a la empresa al cese de actividades.
Esta postura inflexible parece más un gesto para la tribuna política que una solución ambiental seria. La planta ha funcionado en el mismo lugar durante décadas sin reportar incidentes ambientales graves, cumpliendo con las normativas de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Sin embargo, Passerini ha decidido utilizar denuncias internas de supuestas fallas técnicas para alimentar un relato de urgencia que justifique el desalojo, sin importar que en el proceso deje un tendal de desocupados.
Un capricho político con impacto irreversible
Porque detrás de las resoluciones administrativas hay consecuencias reales. En este caso, 150 trabajadores que podrían quedarse sin empleo y cientos de familias afectadas indirectamente por la caída de la actividad. El intendente ha tildado de "inadmisible" cualquier propuesta de prórroga razonable, ignorando que la planta alternativa en Formosa requiere tiempo.
Cerrar una industria no es un gesto simbólico; es una decisión irreversible que destruye el conocimiento acumulado y la estabilidad económica de toda una comunidad. En Alta Córdoba, todo indica que ese costo social podría pagarse únicamente por una decisión política que ignora -o elige ignorar- el impacto humano de sus propias medidas. La gestión de Passerini se encamina a transformar un orgullo industrial en un baldío abandonado, dejando en claro que el sustento de 150 familias cordobesas es secundario ante la agenda de turno.
