Agazapados. Así están los cuatro intendentes peronistas que acudieron a la Suprema Corte antes de Navidad contra el freno a las reelecciones ilimitadas que Cornejo decretó vía enmienda constitucional.
Saben que a partir de este viernes, cuando la Justicia reanude la actividad habitual -tras un mes de vacaciones-, será analizada la acción de inconstitucionalidad que presentaron pero también, y muy especialmente, que comenzará a definirse el futuro político de cada uno de ellos y del PJ mendocino.
A partir del viernes 1 de febrero, la Corte informará de la existencia del pleito a la Fiscalía de Estado, a la Asesoría de Gobierno y al Poder Ejecutivo, técnicamente considerado la contraparte.
Mientras, Roberto Righi (Lavalle), Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán) y Jorge Giménez (San Martín) están en tensa vigilia. Silenzio stampa. De hecho, no quieren decir públicamente algo que pueda jugarles en contra en el cuarto piso del Poder Judicial. Saben que el resultado será a cara o cruz. A matar o morir. Individual y colectivamente.
Como en un ajedrez imaginario, acaso la semana próxima muevan una primera pieza al presentar una cautelar para exigir a la Sala Segunda del máximo tribunal que se expida rápidamente, bajo el argumento de que la inminencia de los comicios municipales urgeb definir listas y candidaturas.
Si finalmente los supremos de la Sala II, Mario Adaro (presidente), José Valerio y Omar Palermo (ya retornó de su capacitación europea), terminan tomando una decisión por imperio de una cautelar, quedará para más adelante el tratamiento de la denominada "cuestión de fondo".
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Esta es un hito que Mendoza arrastra desde los ´90, cuando un fallo de la entonces magistrada de la Corte Aída Kemelmajer de Carlucci no solo impidió que José Octavio Bordón se postulara para ser reelecto gobernador de Mendoza, sino que determinó que las reformas constitucionales (como la que propulsó Cornejo contra las reelecciones ilimitadas de los intendentes), solo podrán ejecutarse con el respaldo de la mitad más uno de los ciudadanos empadronados y no de los que efectivamente hayan votado en ua consulta popular.
Al respecto, el PJ pone sobre la mesa de los jueces una prueba clave: una reforma legislativa luego plebiscitada y finalmente apoyada por el 83% de los ciudadanos que votaron pero no del total más uno de los que figuraban en el padrón, como indica la histórica sentencia.
El planteo contra la decisión de Cornejo podrá ser resuelto por la Sala II si los peronistas quieren una respuesta inmediata. Pero no es la única posibilidad ya que la Sala II o el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, podrán convocar al pleno integrado por los siete magistrados por tratarse de un asunto de gran trascendencia para la vida institucional, política y social de Mendoza.
Deberán entrar escena para conformar el pleno los togados Dalmiro Garay, el propio Nanclares, Pedro Llorente (quien participó del fallo de los '90) y Julio Gómez.
La constitucionalidad de las leyes 7722 -que prohíbe la minería metalífera en Mendoza- y la vigencia del Item Aula son los últimos casos que la Suprema Corte de Justicia trató en plenario.