El conflicto entre Javier Milei y las universidades públicas por el congelamiento del presupuesto está comenzando a cerrarse. Hubo acuerdo con los rectores nacionales y parece que van a aceptar el 270% de suba.
¿Realmente todos los que van la universidad pública tienen que ir sin pagar?
Contendrían más a estudiantes de bajos recursos -a los que por supuesto debe mantenérseles la gratuidad- si todo se distribuye mejor. Que los que pueden, paguen
Es una pelea fuerte, que incluso le sacudió el tablero al gobierno nacional con una marcha multitudinaria en abril y que ahora empieza a ver la luz; aunque por delante también hay dos hitos importantes: reclamos salariales con paro incluido y una discusión en el Congreso por los fondos. Ambas cosas ocurrirán la semana que viene.
De lo que hay que hablar entonces, antes de que el tema pierda agenda, es de todo lo otro. No podemos pasar de página sin un último intento por que la Argentina discuta con algo de profundidad lo que pasa adentro de sus universidades públicas.
Todo el sistema tiene que ser analizado y no sólo a nivel político, sino entre nosotros mismos. Tiene falencias, dogmas, tiene demasiados silencios y, sobre todo, debates que parecen prohibidos. Como este.
Se estima que sólo el 9% de los estudiantes de universidad pública son del primer quintil de ingresos. O sea, del nivel más bajo. Mientras que el cuarto y quinto quintil, los que más ingresos tienen, ocupan más de la mitad de las aulas del sistema estatal.
Como si eso fuera poco, el siguiente gráfico -realizado por la organización Argentinos por la Educación- muestra cómo se mueven las "clases" sociales en una carrera universitaria. En este caso toma no sólo al sistema público, sino también al privado. Pero la proporción es elocuente: a medida que se pasa de año, los más pobres son cada vez menos y los más ricos son los que más crecen en proporción respecto al estudiantado total.
¿Qué nos dice esta imagen? Principalmente, que un sistema cada vez más caro y que para muchos, mentirosamente, es indiscutible, no sólo no nos está dando buenos resultados en cantidad de egresados –lo contamos la última vez que se trató el tema en esta columna-, sino que tampoco está logrando reducir la brecha socioeconómica que tanto dice combatir. O no puede o no lo intenta.
Cuando defendemos la universidad pública como un espacio de igualdad de oportunidades, entonces, estamos diciendo algo que es cierto, pero que es cierto a medias. Algo que tiene matices inobjetables y que sin embargo nadie tiene las agallas de señalar. O sea, la universidad pública argentina es y a la vez no es un espacio de defensa para la igualdad de oportunidades.
Y eso nos lleva a hacernos preguntas. Una es fundamental y sé que a muchos no les va a gustar:
¿Realmente todas las personas que utilizan la universidad pública tienen que ir sin pagar?
Analizá los números que dimos más arriba.
Yo, por ejemplo, fui un año a la Universidad Nacional de Cuyo. Lógicamente no puse un centavo en todo ese tiempo. Al ciclo siguiente me cambié de carrera y pagué cinco o seis años de universidad privada sin chistar.
Yo sí podía aportar al esfuerzo enorme que el Estado hizo en mi educación. Podía amortiguar, como pueden tantos, la terrible inversión que se hace en un sistema que además lo necesita. Y sin embargo, no sólo no lo hice, sino que podría haber hecho una carrera durante ocho, diez, doce años, sin dejarle absolutamente nada a ese mecanismo. Como ese caso hipotético hay millones de estudiantes.
Si discutimos una segmentación tarifaria para pagar servicios. Si nos parece justo que cada uno abone de acuerdo a lo que puede pagar en algo tan esencial como tener gas o luz en nuestras casas. ¿Por qué este debate está prohibido sobre la educación?
Si sabemos que tanto en la Universidad de Cuyo como en muchos de los colegios universitarios que dependen de ella acá en Mendoza hay miles de alumnos cuyas familias tienen un elevadísimo poder adquisitivo, ¿por qué pagan exactamente lo mismo –o sea, nada- que los pibes más pobres del país?
¿El privilegio de quién estamos defendiendo con ese dogma centenario de que de esto no se habla?
¿El de los chicos que todos los años se caen del sistema, que se mueren de ganas de estudiar y no pueden, mientras la universidad no tiene ganas de mirarse el propio ombligo, y cuyos miembros -algunos- encima putean a los que se lo señalan?
¿O será protege, muy injustamente, a los que podrían poner al menos la mitad, un cuarto, un décimo de la cuota que se paga en la universidad privada y que sin embargo no abona ni el estacionamiento cuando va a cursar?
¿Tiene incidencia esa gratuidad en los cada vez peores índices de egresados de las universidades argentinas?
¿Tiene incidencia esa gratuidad en que sostener la universidad pública salga lo mismo que el presupuesto de una provincia?
¿No podría ser incluso mejor la contención a los que no tienen recursos –y a los que desde luego hay que seguir sin cobrarles- si se distribuyera mejor el capital que tenemos?
Y lo más importante: ¿Por qué está "mal” preguntarse todo esto?
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