La carrera y los antecedentes penales del juez laboralista Antonio Sánchez Rey (77), quien acordó con una ART cobrar $4,5 millones de indemnización por haberse apretado un brazo con un portón en el lugar de trabajo, comienzan a definirse en el Jury de Enjuiciamiento y en la Justicia penal.

En el organismo encargado de analizar la conducta de los magistrados, Antonio Sánchez Rey arriesga la destitución o una condena menor porque pretendió legitimar el escandaloso acuerdo a través de la Quinta Cámara del Trabajo, tribunal que integró durante casi 20 años hasta que fue suspendido en 2019 para ser investigado. Aunque remotas, las chances de que sea perdonado y restituido al cargo no están del todo extinguidas.

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Diario UNO cubrió el caso del juez Sánchez Rey desde el comienzo cuando en tribunales todos hablaban del escándalo.

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Este miércoles hubo audiencia y el Jury de Enjuiciamiento (integrado por 21 personas entre jueces de la Corte, diputados y senadores) analizó pruebas y peritajes y pasó a cuarto intermedio hasta la semana próxima, cuando determinará la fecha de inicio del juicio político. El mismo se haría en noviembre, a más tardar.

Por primera vez en la historia de la Justicia mendocina este proceso se hará de modo virtual por la pandemia de coronavirus y estará presidido por el supremo Omar Palermo, quien reemplaza a Dalmiro Garay, apartado por la defensa técnica de Sánchez Rey teniendo en cuenta que Garay fue ministro de Alfredo Cornejo, el gobernador que motorizó que Sánchez Rey sea juzgado a tal punto que le rechazó la renuncia.

Será clave, la semana próxima, lo que hagan y decidan el Procurador de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, y la defensa técnica de Sánchez Rey camino del juicio político, proceso en el cual la Procuración General de la Corte interviene en el rol de fiscal, que podrá acusar o no a Sánchez Rey al cierre de la ronda de testimoniales.

Estas pruebas serían el nervio de la acusación contra el experimentado juez laboralista, especialmente lo que puedan revelar quienes fueron sus compañeros de tribunal.

La pata penal

El lunes 28 de septiembre a las 11, la jueza penalista Miriam Nuñez deberá decidir si dicta o no el sobreseimiento del juez Antonio Sánchez Rey y de tres abogados, entre ellos su hijo, Diego Sánchez Azcona.

Los cuatro están imputados por el delito de fraude al Estado en grado de tentativa (es decir que no llegó a concretarse) en el expediente judicial P-20581/19, que el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos Ruiz inició a raíz de la presentación de la Superintendencia de ART cuando trascendió el caso del juez y el escandaloso acuerdo por $4,5 millones.

Ya culminado el análisis de las pruebas colectadas, el fiscal consideró que el juez Sánchez Rey, el hijo y otros dos abogados deben ser sobreseídos porque no hubo suficientes fundamentos para elevar la causa a juicio, como estipula el Código Procesal Penal. Dicho en criollo: sobreseimiento por el beneficio de la duda.

Teniendo en cuenta que estaba todo listo para el cobro de la cifra varias veces millonaria, los cuatro involucrados fueron acusados del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de estafa genérica.

Los letrados quedaron bajo sospecha y sus estudios jurídicos, cercanos a los tribunales, fueron allanados por la Fiscalía de Delitos Económicos.