Luego del brutal asesinato de un adolescente que generó conmoción en Santa Fe, la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, reclamó nuevamente la baja de la edad de imputabilidad penal y exigió al Congreso que avance con urgencia en una reforma del régimen penal juvenil. El pedido se da tras conocerse que algunos de los presuntos responsables del crimen son menores de edad y no pueden ser juzgados bajo la legislación vigente.
Patricia Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad tras el brutal crimen de un adolescente
Patricia Bullrich reclamó que el Congreso sancione la Ley Penal Juvenil tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: “La edad no puede ser una excusa”
El crimen que reavivó el debate sobre la responsabilidad penal juvenil
El caso que impulsó el pronunciamiento de Bullrich es el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente que fue atacado con extrema violencia por un grupo de jóvenes. El hecho, ocurrido en la provincia de Santa Fe, provocó un fuerte impacto social luego de que se difundieran imágenes del ataque y se confirmara que parte de los implicados no alcanzan la edad mínima de imputabilidad, fijada actualmente en los 16 años.
La situación volvió a poner en discusión los límites del sistema penal juvenil argentino y la falta de respuestas judiciales frente a delitos graves cometidos por menores. En ese contexto, el reclamo por modificar la legislación ganó fuerza tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
El reclamo de Bullrich y la presión al Congreso
Tras conocerse el crimen, Patricia Bullrich fue tajante al señalar que la edad no puede convertirse en un factor de impunidad. Desde sus redes sociales y en declaraciones públicas, sostuvo que el Congreso debe dejar de postergar el debate y avanzar con una reforma integral que contemple sanciones claras para los menores que cometan delitos violentos.
La ministra remarcó que existen proyectos legislativos que proponen bajar la edad de imputabilidad a 14 años y reclamó que se discutan de manera urgente. Además, vinculó el tema con la política de seguridad nacional y sostuvo que el Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas y garantizar justicia, especialmente en casos de extrema gravedad.
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad vuelve a dividir aguas. Quienes impulsan la reforma sostienen que adolescentes de 14 y 15 años comprenden la gravedad de sus actos y deben responder ante la Justicia cuando cometen crímenes graves. En cambio, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos advierten que endurecer el sistema penal sin políticas de prevención, inclusión y contención social podría profundizar la exclusión y no reducir la violencia.




