Cambios en el Gabinete

Manuel Adorni informó que se hace cargo de Télam y de los medios púbicos para cerrarlos o privatizarlos

Los anuncios de Manuel Adorni sobre Télam y los medios públicos forman parte de la política de desconcentración de empresas públicas de la Jefatura de Gabinete

Por UNO

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este martes que será el responsable del manejo de los medios públicos y de la Agencia Télam. Se trata de una decisión que ya estaba tomada desde hace varias semanas dentro del Gobierno y forma parte de la política de desconcentración de empresas públicas de la Jefatura de Gabinete.

“La Jefatura de Gabinete, que tiene a su cargo las empresas públicas, tomó la decisión de reestructurarse. Efectivamente, todas las empresas públicas van a pasar a la órbita de quien le corresponda, por una cuestión de competencia. Ergo, Télam, medios públicos, etc, pasa a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable”, explicó hoy Adorni.

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Las compañías televisivas, radiales y gráficas de competencia estatal dependían hasta ahora de la Jefatura de Gabinete que preside Guillermo Francos. Particularmente de la secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, de la que sigue a cargo el possista Mauricio González Botto.

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Privatización de Télam y otras empresas públicas

El portavoz ratificó además que el plan para la agencia de noticias Télam “es su cierre”: “El plan es el mismo, el de Télam es su cierre y el de medios públicos dependemos de la decisión que tenga el Congreso. Pero nuestra decisión es que todas las empresas públicas transiten el camino de la privatización. Todo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo vamos a hacer dentro de lo que permite la política y la ley. Télam se está desmantelando desde el día que lo anunciamos”

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El Gobierno prevé insistir en el futuro con estas y otras privatizaciones. El proceso de privatización y concesión es parte de un plan más amplio del gobierno de Milei para reducir el tamaño del sector público y mejorar la eficiencia económica.

El Gobierno tiene como objetivo privatizar y concesionar 41 empresas estatales, según lo estipulado en la versión original de la ley ómnibus. Durante las negociaciones con la oposición, este número se redujo a seis, según la última votación del Senado.

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