Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación, confirmó la contratación -como asesores- de dos hijos de dos coroneles asesinados por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Se trata de Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, hijos de Jorge Ibarzábal y Argentino Larrabure, muertos en 1974 y 1975.
Ministerio de Defensa
Luis Petri contrató como asesores a hijos de dos coroneles asesinados en 1974 y 1975
Luis Petri confirmó que sumó a sus filas, en mayo, a Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, que integran agrupaciones que promueven el fin de los juicios a los genocidas
El ministro Luis Petri.
El contrato data desde mayo último, dijo el funcionario nacional.
Ella es vicepresidenta de la Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina; él, integra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas.
Ambas instituciones coinciden en la necesidad de poner fin a los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en el país contra los genocidas.
Desde mayo, dependen de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
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Los asesores de Luis Petri reclaman el fin de los juicios a los genocidas
En 2009, Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure reclamaron a la Justicia que las muertes de sus padres fueran recaratuladas e investigadas como crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo a la versión oficial, trabajan en la coordinación de programas de cooperación entre el Ministerio de Defensa de la Nación y organismos nacionales e internacionales.
"Contribuirán en la definición de políticas y acciones que contribuyan al bienestar del personal que integra el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y otros organismos dependientes, como parte indivisible de los Derechos Humanos que los asisten", indicaron desde la cartera que conduce el mendocino Petri.
La noticia de la contratación como asesores de Ibarzábal y Larrabure se conoció este lunes, una semana después de la polémica visita carcelaria de legisladores nacionales -entre otros la mileísta mendocina Lourdes Arrieta- a ex represores condenados por delitos de lesa humanidad, como Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti, entre otros.
Consecuencia de ese episodio fechado el 11 de julio último fue el pronunciamiento de uno de los organizadores, Beltrán Benedit, quien aseguró que trabajan "por la pronta liberación de los patriotas".
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