Luis Lobos fue condenado este miércoles a 6 años de prisión efectiva por delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Deberá estar 8 años preso porque se le conmutó una sentencia anterior que cumple en la cárcel desde abril último.
Luis Lobos fue condenado este miércoles a 6 años de prisión efectiva por delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Deberá estar 8 años preso porque se le conmutó una sentencia anterior que cumple en la cárcel desde abril último.
También fue inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
La decisión se concretó durante una audiencia de juicio abreviado avalada por el Tribunal Penal Colegiado 2, que presidió el juez Luis Correa Llano e integraron sus colegas Nancy Lecek y Ramiro Salinas.
Tras varias semanas de negociaciones con la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, el peronista Lobos se declaró culpable de enriquecimiento ilícito y fraude a la administración pública cuando estaba a cargo de la intendencia de la Municipalidad de Guaymallén, que en 2015 dejó en manos del radical Marcelino Iglesias.
Gracias al juicio abreviado, el político -actualmente detenido en el Sistema Penitenciario Provincial- evitó un debate oral y público de larga duración y recibió una condena menor a la que pudo haber recibido al cierre de un proceso tradicional con testigos y todo.
El acuerdo al que llegó con los fiscales Javier Pascua y Susana Muscianisi, de Delitos Económicos, estuvo a punto de firmarse hace una semana, pero el faltante de cierta documentación referida a los bienes de Luis Lobos obligó a fijar un cuarto intermedio hasta este miércoles.
Este miércoles, el Tribunal Penal Colegiado 2 rechazó un hábeas corpus presentado por las abogadas de Luis Lobos.
Pidieron que a su cliente le fuera otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria bajo el argumento de que padece de diabetes tipo 2.
Correa Llano, Lecek y Salinas consideraron que esa enfermedad es tratable dentro del Sistema Penitenciario Provincial por lo cual rechazaron la pretensión de seguir preso en su casa.
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Luis Lobos quedó a cargo de la intendencia de Guaymallén en 2013 cuando el jefe comunal Alejandro Abraham asumió como diputado nacional por Mendoza.
En 2015 perdió las elecciones contra el radical Iglesias y a poco de terminar el interinato fue denunciado por corrupción.
En 2019 fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de fraude en el caso de los empleados truchos de Guaymallén. Corrió la misma suerte la ex esposa, Claudia Sgró, y María Elena Fernández -madre de Sgró- será juzgada por estos hechos en 2023.
El 25 de febrero de 2022 la Sala II de la Suprema Corte confirmó la condena contra Lobos y Sgró, quienes fueron arrestados y llevados a cárcel común en abril de este año.
Pendiente de resolución había quedado la acusación por enriquecimiento ilícito contra Lobos y Sgró y el debate por fraude solo contra él en el caso Wanka SA, donde también están imputados su ex funcionario Federico Sampieri y el empresario Roque Núñez.
El megajuicio tuvo dos fechas tentativas pero fue postergado otras tantas.
Finalmente, Lobos y Delitos Económicos negociaron la culpabilidad y la condena.
Debió reconocer el peronista que se enriqueció ilegalmente mientras era intendente y que cometió fraude con el dinero pagado por la comuna a un privado por el alquiler de una planta elaboradora de asfalto.
También renunció a seguir apelando en la Corte de la Nación la sentencia adversa del fuero Civil de Mendoza que lo desapodera de los bienes adquiridos con el fruto de las maniobras de corrupción, es decir el fallo de la jueza Paz Gallardo por extinción de dominio, el primero en el país.
Entre Lobos y su ex esposa suman bienes muebles e inmuebles por $173 millones, según el peritaje del Cuerpo Médico Forense actualizado al 5 de diciembre.
Los bienes muebles e inmuebles que quedaron fuera de la sentencia adversa de extinción de dominio serán liquidados para que Lobos pague la multa económica que también se le fijó este miércoles por ser culpable de enriquecimiento ilícito.
La ex esposa de Luis Lobos no aceptó declararse culpable del delito de enriquecimiento ilícito y su caso será tratado en juicio oral y público por un tribunal a designar en 2023.
Con todo, tendrá la misma chance que su ex consorte: declararse culpable a cambio de una pena de prisión menor.
También en 2023 serán juzgados por el delito de fraude los acusados Sampieri y Núñez.
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