Un grupo de empresarios mendocinos nucleados en seis cámaras y asociaciones salieron a defender la Ley Bases -incluido el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)- y a instar a los legisladores nacionales a que no traben su tratamiento en el Senado.

Así expresaron en un comunicado los miembros de la Cámara de Empresarios Mendocinos (CEM), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), La Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), Unión Industrial de Mendoza (UIM) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE).

Diario UNO dialogó con Eduardo Pulenta, titular del CEM, quien argumentó los motivos por los que los titulares de empresas mendocinas vieron oportuno salir a defender el tratamiento del principal proyecto de ley del Ejecutivo nacional.

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El proyecto de Ley Bases ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y es el Senado el que debe tratarla

El proyecto de Ley Bases ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y es el Senado el que debe tratarla

Los empresarios que están a favor de la Ley Bases

Según manifestó Pulenta, lo que buscan los empresarios mendocinos es sentar su posición en cuanto a los cambios positivos que, según aseguran, está produciendo el Gobierno.

Por este motivo, se reunieron en una mesa de diálogo (tal y como lo hicieron los cordobeses) y decidieron expresarse a través de un comunicado.

"Han sido meses de un gran esfuerzo para la población como para que la Ley Bases vuelva a Diputados", recalcó.

Para el empresario, si bien la ley puede tener puntos perfectibles, la forma en que creen que los senadores nacionales tendrían que proceder, es aprobándola y luego introducir las disposiciones que crean convenientes en la etapa de la reglamentación de la ley.

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Así lo expresaron los dirigentes de empresas a través del comunicado: "No sólo son necesarias las herramientas que promueve este proyecto de ley en aspectos fiscales, económicos, regulatorios y administrativos, sino que su aprobación será una muestra de confianza y de funcionamiento de las instituciones, que permitan reconstruir la credibilidad de nuestro país".

También indicaron que "es momento de que la política muestre una clara señal a los ciudadanos que lo votaron de que son capaces de ponerse de acuerdo por el bien de todos, lo que debe primar por encima de cualquier otro interés particular".

Consultado sobre las desventajas que podrían tener las pequeñas y medianas empresas por sobre las grandes -porque de aprobarse la Ley Bases estas últimas van a contar con el RIGI- Pulenta aseguró que "no vemos que esta ley vaya a perjudicar a las pymes". En su opinión sucederá lo contrario, si la situación económica del país mejora, lo hará para todos.

El RIGI consiste en dar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para que las grandes firmas quieran invertir en Argentina por montos superiores a los 200 millones de U$S.

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La FEM se metió en el debate

En contraste, la Federación Económica de Mendoza (FEM) -que representa a las pymes- emitió este jueves otro comunicado en el que marcó sus diferencias respecto a otras entidades.

"La FEM apoya las propuestas de reformas laborales y administrativas que colaboran para mejorar la competitividad de los diversos sectores económicos, y las desregulaciones que hagan más eficiente al Estado Nacional. Sin embargo, respecto al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la ley, creemos que debe estar dirigido a desarrollos industriales y de infraestructura, e incluir condiciones para que las empresas nacionales sean parte del encadenamiento productivo de esos proyectos".

Para los empresarios de la FEM, "los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios provocarán condiciones desiguales para los fabricantes nacionales que tienen que afrontar costos con asimetrías que llegan hasta el 35% del valor de los bienes. Es por ello que desde la FEM solicitamos enfáticamente que se igualen esos beneficios para el empresariado pyme nacional permitiéndole competir en igualdad de condiciones".

Por otro lado, advirtieron que "deben ser analizadas con mucho detenimiento las condiciones especiales en las inversiones destinadas a recursos no renovables por el riesgo de que se conviertan en proyectos extractivos con pocos beneficios para nuestro entramado económico y social".

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