Los detalles de la tensa negociación en el oficialismo para aprobar la Boleta Única
El radicalismo resiste las críticas del Pro y el Partido Justicialista en torno a la reforma electoral que promueve Suarez. En la última semana se sumaron más cuestionamientos y estos días serán determinantes para destrabar el proyecto. Pedirán que se haga un simulacro de elecciones en la Legislatura
El proyecto ingresó en la Legislatura el 15 de diciembre. Dentro y fuera de Cambia Mendoza exigen cambios.
El debate por la Boleta Única se complicó más de lo esperado para el radicalismo. Desde este lunes, se jugarán las últimas chances de que el proyecto se vote sin los cambios que exigen el PRO y los espacios opositores (fundamentalmente, eliminar la posibilidad del voto por lista completa). Las elecciones primarias y las colectoras pasaron a ser el gran problema, porque no entran en las dimensiones que pretenden los impulsores de la norma, pero además hay otros puntos igual de controvertidos. Algunos ya anticiparon que le bajarán el pulgar y hay una negociación en marcha.
El PJ tiene preparada una sorpresa para este lunes, cuando se reúna el órgano de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado. Van a proponer que se haga una simulación de voto; pero no de las elecciones generales, sino de las PASO, el verdadero punto débil - según entienden ellos- de la regla que se está discutiendo. Por lo menos, es la estrategia a la que arribaron esta semana y planean sumarla a todas las críticas que hicieron en comisión.
El objetivo, compartido por al menos dos legisladores del sector, es solicitar que, antes de emitir dictamen, se elabore una boleta testigo con dos propuestas por cada espacio político. Si se toma en cuenta que en los últimos sufragios abiertos, simultáneos y obligatorios hubo ocho listas en Mendoza, imitar esas propuestas implicaría dieciséis tiras verticales de candidatos. Lo suficiente para que el PJ haga valer su postura: que “tienen un quilombo para armar el diseño porque no les entran las PASO”, como dijeron desde la Cámara Alta a este diario.
Pero todo esto sólo será posible si efectivamente se hace el encuentro en LAC, que por estas horas está en duda. Son varias las fuentes deslizando que el acuerdo está tan lejos de conseguirse, que ya se tomó la decisión de volver a aplazarlo: por eso, la convocatoria de este lunes a las 10:30 de la mañana, en realidad correría el alfiler hacia el próximo miércoles 23. Si luego de tanta discusión, hay consenso, el proyecto podría votarse este jueves.
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El ministro Víctor Ibáñez, el diputado Andrés Lombardi y el senador Marcelo Rubio en una de las presentaciones del proyecto.
Los chispazos con el peronismo
Lo que tiene la Legislatura sobre la mesa es una de las reformas estructurales que le puede legar la gestión actual al futuro de Mendoza. El desafío técnico que supone, sumado a algunos intereses partidarios que se colaron en el medio, son los ejes que están complicando su avance y frenan el ímpetu con el que fue presentada allá por diciembre del año pasado. Pero no es lo único: a eso se suma la hipocresía de algunos referentes, que la defienden por obligación, pero en realidad preferirían que nunca se hubiese presentado.
“Yo no quiero que salga la ley, pero bueno, ahora ya está. Con o sin cambios se va a sancionar, aunque creo que no es conveniente para el partido”, se sinceró un legislador peronista ante nuestra consulta. “Favorece a las fuerzas menores y quita votos a las más grandes. No estamos en condiciones de dar esa ventaja en este momento. Ojo, el radicalismo tampoco la quiere, pero no están en condiciones de decirlo”, matizó, aunque la confesión ya estaba hecha.
Eso no es todo. En el justicialismo hay diputados y senadores que piensan votar en contra. Distintas voces anticiparon su negativa si todo se mantiene en las condiciones actuales, aunque agregaron que dependerá de cuánto se acerquen las dos posturas en torno a los pormenores de la ley. Si escuchan sus propuestas, avisan, van a cambiar de parecer.
¿Y cuáles son esos pedidos del PJ local? Diario UNO pudo averiguar por lo menos siete reclamos concretos que los peronistas llevaron a la cámara esta semana: apuntan a distintos aspectos de la norma y-según corroboraron en las dos veredas- varios podrían ser aceptados en los debates que se vienen. De hecho, ya tuvieron el visto bueno en el encuentro del miércoles pasado.
El primero aguijonea uno de los tramos más polémicos de la ley: el proyecto dice que, si uno se equivoca y, además de votar por la lista completa, lo hace por algún candidato de otro espacio, esa segunda intención no se contempla, y prevalece sólo el voto por la totalidad del frente. Por ejemplo, si uno vota el casillero del Partido Demócrata, pero luego se inclina por intendentes, concejales y legisladores de otras fuerzas, lo que se computa es únicamente el voto a los “gansos”.
El PJ sugiere que en ese caso se anule el sufragio, o bien que se elimine el ya famoso casillero. Curioso: en ningún momento exige eliminar el voto por la lista completa, como hace el Pro, por ejemplo; sino que lo desliza como una alternativa más. Como se dijo más arriba, no todos están de acuerdo en este artículo y en verdad es determinante: puede favorecer a los espacios más pequeños y perjudicar a los dos históricos contendientes del bipartidismo.
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El modelo del nuevo formato que circuló entre los legisladores toma como referencia a los candidatos de la elección 2019.
Además de esa crítica, dicen que el oficialismo cometió una torpeza importante y que pone en riesgo el carácter secreto del voto, lo cual desde el Gobierno negaron de forma contundente. Es así:
“Habían puesto que cuando se imprimiera la boleta, tuviera número de orden. O sea, cada boleta iba a tener una cifra que, con sólo rastrearla, iba a permitir saber por quiénes había votado cada sufragante, algo escandaloso. Lo que nosotros pedimos es que sólo se mantenga el número de mesa, pero nunca un código en el papel. La verdad es que nos parece tremendo que hayan tenido ese error”, lanzaron desde el peronismo.
Sin embargo, lo que dice el artículo en cuestión (el 3, inciso “e”) es que “deben estar adheridas (las boletas) a un talón donde se indique serie y numeración correlativa, del cual deben ser desprendidas; tanto en este talón como en la Boleta Única, debe constar la información relativa a la sección, distrito electoral, circunscripción, número de mesa asignada, año y elección a la que corresponde”.
Es decir, no se podría saber a quién pertenece la boleta, como denuncia el PJ. Sólo, en todo caso, conocer en dónde votó esa persona. Al menos según se interpreta de este texto. Habrá que ver qué esgrimen en el debate decisivo.
Las otras observaciones al cuerpo de la ley tienen que ver con castigar a quienes se presenten a cargos testimoniales, con la presencia o no de una imagen (y si ésta tiene que ser de un candidato, de un referente, o sólo del logo partidario), y con el plan de aplicación progresiva del nuevo sistema (es decir, que no sea de una sola vez, sino de a poco. Como surge de forma clara, la discusión no se agota en el casillero de lista completa y en el desdoblamiento o unificación respecto a los sufragios nacionales, que son los dos ejes más nombrados y por momentos parecen los únicos en los que no hay acuerdo.
Problemas con el Pro
El viernes a la mañana, éste espacio tuvo una reunión en las oficinas de De Marchi, cerca de los caracoles de Chacras. La intención era pulir la postura en torno al debate legislativo y seguir marcándole el terreno a la UCR con objeciones concretas. No sólo hay cierto recelo porque eran ellos quienes pretendían transformar la Boleta Única en ley, sino que, además, miran con esperanza a los resultados electorales que podrían cosechar a partir de estos cambios. Después de todo, son la segunda fuerza (en votos) del oficialismo y ya tienen candidato a Gobernador.
“El grito en el cielo del Omar ha sido fuerte”, consideraron desde la cámara de Senadores. “Complicó todo. No es fácil sacar una ley en la que tenés en contra a la oposición, a las cámaras de empresarios y, encima, a miembros de tu propio frente. Por más que tengas los números para hacerlo, necesitas limpiar un poco el escenario. Por eso el freno que le puso el Pro no es una discusión más, como las de los últimos tiempos, sino un problema importante, que les encarajinó el panorama”, analizaron.
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Omar De Marchi está entre las voces que se alzaron en contra de algunos artículos del proyecto.
A eso se suma otro punto clave: si hay un momento para traccionar algo que no convence a dicho sector, es ahora. En mayo van a contar con nueve bancas legislativa –algunos le restan a Pablo Priore, que según aseguran, está peleado con la conducción- mientras que por ahora ese número es mucho más exiguo. Aun así, han marcado sus dos diferencias irreconciliables con el embrión de la norma: son (otra vez) el voto a la lista completa y el pedido para que no se aplique sólo cuando se desdoblan las elecciones con la Nación, sino en todas las oportunidades.
De Marchi lo manifestó recordando que, tanto en 2019 como en 2021, ya se podría haber implementado este sistema. Lo hizo en un hilo de Twitter al que remató diciendo que “la discusión tiene gato encerrado”. A esa embestida, se sumaron dos pedidos más: eliminar las colectoras y que la sociedad civil se sume a las discusiones en la Legislatura, algo que explicitó el senador Rolando Baldasso (miembro de la comisión de Asuntos Constitucionales) durante la semana.
De alguna manera esto se cumplió. El mismo viernes a la siesta, la fundación Nuestra Mendoza (donde convergen empresarios, ambientalistas y demás actores) organizó un encuentro virtual del que participaron alfiles de todos los partidos: Miriam Gallardo (PJ), Fernando Alín (Socialismo), José Luis Ramón (Protectora), Emanuel Fugazzoto (Partido Verde), Mercedes Llano (PD), Omar De Marchi (PRO), y Juan Carlos Jaliff (UCR).
Los desenlaces de esta lucha interna todavía no están claros, pero hay un anuncio que pone retemblor en las filas del oficialismo: el Pro amenaza con votar algunos artículos en contra, y la ley corre peligro de ya no ser la misma que entró por la puerta de la Legislatura, aquella mañana del 15 de diciembre.
Ahorro en papeles y fiscales de mesa
Uno de los grandes argumentos para eliminar el sistema vigente es el ahorro que implicará en los costos de la política. Las últimas elecciones le costaron a Mendoza 80 millones de pesos sólo en desembolsos del Estado a las coaliciones, una cifra que se recortaría considerablemente, ya que el proyecto prevé la impresión de sólo un padrón y medio de listas.
Según la Fundación Pensar – think tank del macrismo-, si hubiéramos aplicado el mecanismo que se está debatiendo, las últimas PASO nos hubieran requerido a los mendocinos sólo $9.565.423 (apenas un doce porciento de lo que en realidad costaron). Mientras que para la organización RAP (Red de Acción Política), a nivel nacional podrían haberse ahorrado 3.000 millones de pesos, y eso es sólo contando las primarias.
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Una de las propuestas es que Mendoza comience a votar con dos urnas: una para categorías nacionales y otra para las locales.
Pero hay otro elemento a tener en cuenta: al eliminar muchas de las posibilidades de fraude y robo de boletas, el proyecto les quita protagonismo a los fiscales de mesa, que representan una erogación muy importante de dinero para los partidos. “Eso es un golazo, porque se te va mucha plata ahí. Para una elección necesitás aproximadamente cuatro mil fiscales en la provincia, y por ahí me estoy quedando corto”, comentó el referente de un partido minoritario.
Ante nuestra consulta, desde otra de las terceras fuerzas que compitieron el pasado 14 de noviembre, especificaron cuánto fue el gasto en ese menester: “Va variando y depende de lo grande que sea el departamento, pero nuestro espacio puso cerca de 200 mil pesos en Guaymallén, 159 mil en Las Heras; y, bueno, de ahí bajamos en los departamentos más chicos, pero en esos no te gastas menos de 50 mil”.
Y la salida de plata no se terminaría ahí. Hay denuncias de lo que se hace, realmente, con parte de ese dinero. “Es un curro. En las últimas elecciones, un partido arregló con la imprenta y gastó sólo un tercio de la plata en boletas. El resto lo mandó a propaganda política. En otro espacio también dibujaron los gastos, por lo menos en las PASO. Es común en las fuerzas chicas, lamentablemente”, cerraron.
Más allá de esas acusaciones, que le competen a la Justicia, es difícil discutir los beneficios de la Boleta Única en términos económicos y hasta de cuidado ambiental. Por eso son algunos de los pocos elementos que nadie cuestionará en esta semana que comienza.
Entre lunes y miércoles, el proyecto buscará sortear su primer gran obstáculo parlamentario, y lo hará en medio de más demoras y más discusiones que las esperadas.
Aunque respecto a esto, quizás sea positivo que se tomen su tiempo. Después de todo, para las elecciones todavía falta mucho, y cuando llegue aquel día y por fin tengamos ese papel entre las manos, lo que vamos a estar decidiendo será ni más ni menos que el futuro de Mendoza.
