La Justicia Federal asestó este martes un revés al presidente Javier Milei al declarar la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había dispuesto frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada e insistida por el Congreso Nacional.
La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenó la Ley de Financiamiento Universitario
Un juez hizo lugar al amparo presentado por el CIN y la UBA. Dejó sin efecto le ordenó al Poder Ejecutivo que aplique en forma inmediata la normativa y recomponga salarios docentes y no docentes
La resolución fue dictada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y diversas casas de altos estudios de todo el país.
En su fallo, el magistrado ordenó al gobierno el “cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y dispuso el dictado de las normas reglamentarias necesarias para ponerla en marcha, garantizando tanto los fondos de funcionamiento operativo como la recomposición salarial para los trabajadores docentes y no docentes.
Mecanismo fuera de la Constitución
El conflicto se había originado cuando, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara la ley con mayorías agravadas, el Ejecutivo emitió un decreto condicionado. En el escrito, la Casa Rosada pretendía congelar las partidas argumentando que la ejecución solo se realizaría una vez que se determinasen las "fuentes específicas de financiamiento" en el Presupuesto.
Sin embargo, en los argumentos centrales del fallo, Cormick remarcó que la maniobra del gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad”, dado que utilizó una norma anterior para inaplicar una ley ratificada por el Poder Legislativo.
"El decreto ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional, configurando una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional", sentenció el magistrado.
Asimismo, la resolución desestimó los planteos oficiales respecto al costo fiscal que implicaría la aplicación de la norma. Cormick recordó que el país funcionó con partidas prorrogadas del Presupuesto 2023 y citó informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los cuales precisaron que el impacto de la ley representaba apenas 0,23% del PBI nominal.
Con este fallo, la Justicia intimó al Poder Ejecutivo a girar los recursos necesarios para evitar la parálisis de las instituciones educativas y reajustar los haberes del sector, en un contexto atravesado por constantes reclamos y medidas de fuerza en las universidades públicas de todo el país.
En pocas palabras
- La Justicia declaró inconstitucional el decreto presidencial que frenó la Ley de Financiamiento Universitario.
- Fallo a favor de universidades: un juez ordenó al Ejecutivo aplicar la normativa y recomponer salarios.
- Argumento judicial: el decreto funcionó como un veto extraconstitucional no previsto en la Constitución.
