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Inseguridad: ¿desidia o inoperancia del gobierno provincial?

Una de las principales preocupaciones de los mendocinos es la falta de políticas efectivas en materia de seguridad. El Frente de Todos aporta un diagnóstico de lo que pasa en la provincia

Por UNO

La situación de la política de seguridad en la provincia es, como mínimo, preocupante. Numerosos hechos ocurridos a lo largo de estos años de gestión radical dan cuenta de un estado muy precario con funcionarios como el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, que no están a la altura de la situación.

Es evidente la paupérrima gestión de Levrino al frente de la seguridad de todos los mendocinos y mendocinas. Solo basta con leer la sección policiales de los diarios para recopilar hechos. Incluso fue el mismo gobernador Rodolfo Suarez quien admitió un incremento en los delitos "menores", como robos y hurtos.

Una posible explicación está en los números del presupuesto, que no mienten. En 2020, el gobierno de Suarez destinó apenas el 9% del total de los gastos de la provincia para la seguridad de todos y todas. Pero este año fueron más allá e incluso lo redujeron al 8%.

Al comparar esta pérdida del 1,2% de 2020 contra el año 2021, se puede explicar lo que es evidente ante los ojos de la ciudadanía mendocina: la falta de personal policial por ajuste del Estado. En los últimos años la incorporación de personal policial para servicio efectivo es menor a la necesaria, tanto en los estándares mínimos nacionales como los que señala la ONU, lo que ha dado como resultado una notable reducción del plantel estable en las comisarías.

Algunos ejemplos de esto son las comisarías 9º y 44º de Guaymallén, que cuentan con 30 y 32 efectivos respectivamente para cubrir la totalidad de las tareas (administrativas, de carceleros, las gestiones de policía judicial, etc.). Organizadas las guardias en los turnos correspondientes, suele ocurrir que el servicio efectivo en territorio termine por contar con solo cuatro o seis policías. No puede combatirse un problema tan complejo con esta escasez de recursos.

En este contexto, es curioso que el ex gobernador Alfredo Cornejo tenga ocho agentes asignados por día que se desempeñan bajo la modalidad 24×48, lo que resulta en un recurso destinado de 24 policías por semana. Con esa cantidad de uniformados los mendocinos podrían tener una subcomisaría. Ajuste de recursos para el pueblo y privilegios con despilfarro para la dirigencia: la marca de Cornejo.

El gobierno del radicalismo no cuida a los que nos cuidan y la falta de móviles policiales y su mantenimiento es otro reflejo de esta situación. El 80% de los móviles policiales no pasa la Revisión Técnica Obligatoria. Por ejemplo, la comisaría 44 cuenta con 3 automóviles policiales de los cuales uno tiene problemas eléctricos, el otro tiene problemas en la caja de cambio y el tercero tiene problemas con sus neumáticos.

La falta de inversión ha llevado a que la mayoría de las comisarías tengan importantes problemas edilicios y déficit de espacio para el desarrollo de sus funciones. Basta ver que en la mayoría de los casos los vehículos secuestrados deben permanecer en calles aledañas a las comisarías lo cual conlleva un peligro extra e implica disponer personal al cuidado.

Naturalmente, estos no son los únicos puntos críticos relevados, pero son suficientes para entender con claridad lo difícil que es realizar “prevención situacional” en la actualidad y por qué el problema del crecimiento de la inseguridad es también, y principalmente, un problema de recursos y de capacidades de un Estado provincial ausente.